Lo que nació como una estrategia de control de daños para amortiguar el impacto político del alza histórica de las bencinas terminó transformándose en un boomerang institucional para La Moneda. El intento de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) por instalar la narrativa de un «Estado en la quiebra» no solo fracturó la unidad del gabinete, sino que activó una investigación de la Contraloría que hoy pone bajo la lupa el uso de recursos públicos para fines de desinformación.
La caída del «relato» estratégico El diseño original, supervisado por el asesor del Segundo Piso Cristián Valenzuela y ejecutado por la SECOM, consistía en un manual de 12 páginas que instruía a los voceros del gobierno a «atacar en positivo». El guion era rígido: se debía culpar a la «herencia» del gobierno anterior y a la guerra externa, utilizando frases diseñadas para generar impacto emocional, como afirmar que la administración de Gabriel Boric dejó la «caja vacía».
Sin embargo, la publicación de una infografía oficial que usaba explícitamente el término «Estado en la quiebra» cruzó un límite técnico que el propio Ministerio de Hacienda no estuvo dispuesto a tolerar.
La rebelión del Excel frente al guion El primer gran quiebre ocurrió cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó públicamente de la terminología de la SECOM, asegurando que «jamás ocuparía una palabra como esa» y aclarando que, aunque la situación es deteriorada, el Estado no está quebrado. Esta corrección técnica dejó en evidencia que la estrategia comunicacional buscaba manipular la percepción ciudadana por sobre la realidad fiscal, lo que fue secundado por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien calificó la palabra como «poco afortunada».
Consecuencias políticas y legales El costo de este «error» —como el propio Valenzuela terminó reconociendo— ya trascendió lo mediático. La Contraloría General de la República emitió un oficio exigiendo a la ministra Mara Sedini informar en un plazo de cinco días sobre el personal y los recursos públicos invertidos en estas publicaciones, buscando determinar si se vulneró el principio de probidad administrativa.
En el Congreso, la ofensiva ya pide cabezas. El diputado Jaime Araya solicitó formalmente la apertura de un sumario administrativo y la suspensión preventiva tanto del director de la SECOM, Felipe Costabal, como del propio Cristián Valenzuela. Para la oposición y sectores técnicos, el episodio no fue un simple descuido, sino un intento deliberado por «espantar la inversión» y «destruir la imagen de Chile» con tal de salvar la aprobación del presidente ante el golpe al bolsillo de la clase media.
