El síndrome de Hood Robin, quitar a los pobres para dar a los ricos.
Hace un tiempo, José Antonio Kast viajó a Argentina y posó sonriente junto a la famosa motosierra de Javier Milei. La imagen era evidente, casi demasiado literal: cortar, reducir, achicar.
Una promesa de shock.
Hoy, esa motosierra parece estar operando en Chile. Pero no con ruido. No con espectáculo. No en cadena nacional.
Sino en silencio.
Corte a corte. Ajuste a ajuste. Sin levantar demasiado polvo… pero avanzando igual.
Y ahí es donde empieza a aparecer algo más difícil de ignorar.
Hay algo raro en el aire estos días. No es una medida puntual, ni un error aislado. Es más bien una sensación que se va armando de a poco, como cuando uno empieza a notar que algo no cuadra… pero todavía no logra ponerlo en palabras.
La verdad es que lo que estamos viendo no son decisiones sueltas. Es una forma de mirar el país. Una lógica que no se explica abiertamente, pero que se deja ver en los detalles, en los énfasis, en lo que se prioriza… y en lo que se recorta.
El “síndrome de Hood Robin” —llamémoslo así— funciona al revés del mito que todos conocemos. Ya no se trata de equilibrar la cancha, sino de inclinarla todavía más. Sin grandes anuncios. Sin épica. Pero con efectos bien concretos.
Partamos por la rebaja del impuesto corporativo, del 27% al 23%. El argumento es conocido: bajar impuestos impulsa la inversión, y con eso crece la economía. Suena bien. Ordenado. Casi intuitivo.
Pero la evidencia —y no de ahora, sino de hace años— muestra algo bastante menos espectacular: bajar impuestos a las empresas no garantiza crecimiento. Mucho menos cuando no va acompañado de políticas que aseguren que esa mayor liquidez se traduzca en inversión real y no simplemente en acumulación de riqueza para algunos.
Y es que, seamos honestos, no todos juegan el mismo partido.
Las grandes empresas tienen cómo aprovechar ese beneficio desde el primer día. Tienen equipos, planificación, acceso a financiamiento. Para ellas, esto es una palanca. Para una pyme, muchas veces, ni siquiera les toca.
Además —y esto es clave— ese alivio tiene un costo. El Estado deja de recaudar. Y cuando deja de recaudar, no desaparece el gasto. Se ajusta. Se recorta. O se traslada.
Y ahí empieza a aparecer el resto del cuadro.
Las contribuciones, por ejemplo. El impuesto territorial. Ese que suele ser impopular, sí, pero que tiene una lógica difícil de esquivar: grava más a quienes tienen propiedades de mayor valor.
Pero hay un dato que incomoda, y mucho: en muchas comunas vulnerables, estas contribuciones pueden representar hasta el 80% de su presupuesto.
Ochenta por ciento.
No es un ingreso más. Es el ingreso que sostiene a una comuna.
Entonces, eliminarlas no es aliviar. Es desarmar.
Es como pedirle a un municipio que siga funcionando… pero sin caja. Y lo que viene después no es teórico: basura que se acumula, plazas que se deterioran, menos seguridad, menos programas sociales.
Se empieza a notar en lo cotidiano. En lo chico. En lo que hace barrio.
A eso se suma el recorte del 3% a los ministerios. Tres por ciento suena contenido, casi responsable. Pero cuando baja al terreno, cambia de forma.
Se convierte en una atención médica que no llega.
En un apoyo escolar que desaparece.
En un espacio deportivo que se cierra.
Y es que estos ajustes no se sienten en los discursos. Se sienten en la espera.
Después está el MEPCO. Un mecanismo técnico, sí, pero con un efecto muy concreto: amortiguar las subidas bruscas en el precio de los combustibles.
Eliminarlo es soltar ese amortiguador. Dejar que el golpe llegue directo.
Y cuando sube la bencina, no sube solo la bencina. Sube el transporte, suben los alimentos, sube la vida. Y claro, alguien con ingresos altos lo absorbe. Se ajusta.
El que vive al día, simplemente no le alcanza.
Ahí cada alza es un pequeño desorden que se acumula. Una presión constante.
Y en medio de todo esto, aparece el contraste. Sueldos de asesores que suben en millones. No porque no haya otra opción. No porque el sistema lo exija.
Sino porque se decidió así.
Y eso, más que el monto en sí, pesa por lo que transmite. Como cuando te dicen que hay que apretarse el cinturón… pero ves que no todos están usando el mismo.
La zanja en el norte también entra en esta lógica. Una imagen potente, fácil de entender, casi cinematográfica. Pero con muchas preguntas abiertas: cuánto cuesta, cómo se mantiene, qué tan efectiva es realmente.
Sirve, eso sí, para algo: captar atención. Mover la conversación. Mientras tanto, otras cosas siguen avanzando, más silenciosas.
Y además está el tema ambiental. Este domingo hay una marcha. No es casualidad. Tiene que ver con decretos retirados de Contraloría que costaron años de trabajo e investigación.
Ahí están ejemplos concretos: el parque marino de Juan Fernández, el ecosistema del pingüino de Humboldt. Lugares que no son solo postales bonitas, sino equilibrios frágiles.
La verdad es que cuando se relajan esas protecciones, lo que se abre no es solo “desarrollo”. También se abre la puerta a daños que después no tienen vuelta atrás.
Relajar esas protecciones no es solo una decisión técnica. Es una apuesta.
Una apuesta donde el beneficio es inmediato… y el costo llega después.
Pero quizás lo más inquietante no es cada medida por separado.
Es la velocidad.
La acumulación.
La sensación de que todo esto pasa muy rápido.
Dejemos de maquillarlo.
Esto no es crecimiento.
No es eficiencia.
No es modernización.
Es una decisión política: quién gana y quién pierde.
Y por ahora, está bastante claro.
Ganan los mismos.
Pierden los mismos.
Y en frente… nada.
Una oposición que observa, que apenas comenta, que reacciona tarde —si es que reacciona—, pero que no incomoda, no articula, no detiene. Una oposición que se volvió espectadora justo cuando más se necesitaba que jugara.
Y en política, el que no enfrenta… facilita.
Facilita que esto avance.
Facilita que se profundice.
Facilita que, cuando se quiera reaccionar, ya no haya mucho que defender.
Porque el problema no es solo quién empuja.
Es quién deja pasar.
Y todo esto, en apenas diez días.
