La gestión de la exalcaldesa Emilia Ríos en Ñuñoa ha pasado de ser un emblema del Frente Amplio a convertirse en el epicentro de una tormenta judicial que amenaza con desmoronar el relato de probidad de su sector,. Lo que comenzó como una auditoría impulsada por el actual jefe comunal, Sebastián Sichel, ha escalado a un nivel crítico tras la entrada en escena del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acaba de formalizar una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado,.
La explosión de gastos en año electoral El foco de la investigación se centra en el programa «Vacaciones Soñadas», destinado a adultos mayores. Según los antecedentes revelados, el gasto de esta iniciativa se mantuvo estable en 118 millones de pesos durante 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024 —año de elecciones municipales— el presupuesto se disparó de forma injustificada hasta alcanzar los 300 millones de pesos.
Esta anomalía financiera no es solo una cuestión de montos; el CDE detectó una red de facturas que no coinciden con la programación de los viajes y, lo que es más grave, pagos por servicios que nunca se realizaron o que carecen de cualquier registro de ejecución.
Acuerdos «de palabra» y fiscalización nula La profundidad del presunto fraude queda al descubierto en los testimonios que forman parte de la carpeta judicial. Uno de los proveedores de servicios hoteleros admitió la existencia de «acuerdos de palabra» con la administración municipal para cobrar montos superiores a los establecidos en el contrato de licitación, a cambio de rebajar la calidad de lo ofrecido a los beneficiarios.
Este esquema habría contado con la complicidad, por omisión o acción, de Inspectores Técnicos de Servicios (ITS) que certificaron la recepción de prestaciones sin contar con el respaldo documental suficiente,. Para Sichel, estas prácticas no son simples errores administrativos, sino un «disfraz de las cifras» diseñado para desviar recursos públicos hacia fines políticos.
La caída de los operadores políticos Más allá de los viajes turísticos, la auditoría en la Corporación Cultural y en el municipio ha revelado un patrón de «desorden y gastos excesivos». La actual administración ya ha procedido a desvincular a funcionarios que, según la denuncia, no prestaban servicios reales a la comunidad, sino que operaban exclusivamente como activos políticos del Frente Amplio.
Con el CDE sumándose a la ofensiva legal, el caso Ñuñoa deja de ser una disputa entre alcaldes para transformarse en una causa de Estado. La justicia ahora deberá determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios que permitieron que el dinero destinado al bienestar de los ancianos terminara, presuntamente, alimentando una maquinaria de financiamiento irregular y fraude sistemático,.
