El asesinato de Ester Elena Bustos González, de 25 años, en una plaza de juegos de la comuna de Paine, no es solo una cifra más en las estadísticas de violencia de género. Es, ante todo, el relato de una tragedia anunciada donde el sistema de denuncias volvió a fallar, priorizando el rigor administrativo por sobre la urgencia de proteger una vida bajo amenaza constante.
El muro de la denuncia presencial Tras el ataque fatal ocurrido la madrugada de este miércoles con un arma blanca, el testimonio de la familia de la víctima desnudó una grieta crítica en el protocolo de auxilio. El tío de Ester reveló que intentó denunciar formalmente las agresiones ante la PDI de Buin, aportando incluso fotografías que evidenciaban los golpes que el agresor le propinaba.
Sin embargo, la respuesta institucional fue un portazo burocrático: le indicaron que el trámite solo podía ser realizado por la propia víctima. Esta exigencia ignoró una realidad común en ciclos de violencia extrema: Ester no denunciaba por miedo, al estar bajo constantes amenazas de muerte por parte de su expareja.
Cuatro años de alertas desoídas La vulnerabilidad de la joven era total. Aunque vivía con su familia, su agresor —un hombre 20 años mayor, actualmente prófugo y en situación de calle— mantenía un vínculo de control mediante la intimidación. A pesar de que existían al menos cuatro denuncias previas registradas en los últimos cuatro años, no se había dictado ninguna orden de alejamiento que protegiera a la mujer.
Este historial de violencia se cruzaba con una compleja realidad personal de la víctima, quien enfrentaba un consumo problemático de drogas y no tenía empleo formal. Para el entorno de Ester, el sistema judicial le exigió un nivel de autonomía y valentía que su condición de víctima aterrorizada le impedía ejercer.
Un culpable identificado pero libre El agresor, quien además es el padre del hijo de dos años que tenían en común, ya ha sido plenamente identificado por las autoridades tras ser visto discutiendo y atacando a Ester en plena vía pública. Mientras Labocar y el OS9 de Carabineros realizan peritajes en el sitio del suceso, la indignación familiar apunta directamente a la inacción del Estado.
El caso de Paine deja una lección dolorosa sobre el valor agregado de la prevención: de nada sirven las pruebas fotográficas ni la voluntad de una familia por salvar a uno de los suyos, si el canal oficial sigue exigiendo que sea la propia persona maltratada quien firme su salvoconducto, aun cuando tiene un cuchillo o una amenaza de muerte sobre su cabeza.
