El tablero laboral en Chile enfrenta una nueva e intensa disputa que va más allá de la simple gestión del descanso. Tras una reunión clave con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha puesto sobre la mesa una propuesta disruptiva: eliminar la irrenunciabilidad de los feriados actuales y cerrar la puerta a la creación de nuevos días de descanso obligatorio.
La libertad de emprender frente al rito religioso El detonante de esta ofensiva gremial ha sido la proximidad de Viernes Santo. Mientras el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, calificó de «miopía impresionante» la intención de las grandes empresas de abrir en una fecha sagrada, asegurando que quienes terminan trabajando son «los más pobres», la respuesta del gran empresariado no se hizo esperar.
Para la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, la obligatoriedad de cierre no solo representa una «merma muy importante» para la actividad económica, sino que genera un efecto adverso en la seguridad y el orden: incentiva que el consumo se desvíe hacia el comercio informal. Según el gremio, mantener las cortinas cerradas por ley entrega el mercado a quienes operan fuera de la norma, perjudicando la recaudación y la organización del sector.
El bolsillo del trabajador en el centro del debate A diferencia de los argumentos tradicionales, el foco del empresariado se ha desplazado hacia las remuneraciones de los colaboradores. Jiménez sostuvo que son los propios trabajadores quienes, en muchas ocasiones, solicitan trabajar en estos días debido a que son jornadas de altas ventas, lo que impacta directamente en sus ingresos variables y bonos. Bajo esta premisa, la irrenunciabilidad dejaría de ser un derecho para convertirse en una limitación económica para las familias.
Un clima de tensión sindical La propuesta ha encendido las alarmas en el mundo sindical. El presidente de la CUT, David Acuña, cuestionó duramente la dirección que está tomando la agenda laboral del Gobierno de Kast, preguntando abiertamente hasta dónde llegará el retroceso en los derechos ya conquistados por los trabajadores.
En medio de este gallito político, el Ejecutivo ha intentado mantener el equilibrio confirmando que leyes como las 40 horas se cumplirán según lo aprobado, aunque abriendo la puerta a «espacios de flexibilidad» para las pequeñas empresas. Lo que está en juego hoy no es solo un viernes de reflexión religiosa, sino la definición de un modelo donde la libertad de emprendimiento busca imponerse sobre la rigidez de los feriados protegidos por ley.
