La gestión de los recursos públicos tras el devastador megaincendio de 2024 en Valparaíso se encuentra bajo un intenso escrutinio. Según cinco informes de la Contraloría General de la República (CGR), se detectaron graves irregularidades en contratos por trato directo que suman $6.725.655.566, los cuales fueron otorgados a la empresa San Nicolás SpA. La principal señalada es la exdelegada presidencial y actual diputada electa, Sofía González, quien suscribió estos convenios para el retiro de escombros.
Una empresa sin máquinas ni respaldo La investigación, difundida originalmente por BioBioChile y el sitio Ex Ante, revela que la firma beneficiada presentaba condiciones técnicas y financieras alarmantes. San Nicolás SpA, liderada formalmente por Tomás Avilés Tillería, un joven que asumió el control a los 18 años, no poseía maquinaria propia ni el personal necesario para las tareas encomendadas.
Para cumplir con el servicio, la empresa recurrió a la subcontratación informal de terceros por montos significativamente menores, una práctica prohibida en este tipo de contratos. El informe del ente contralor es tajante al señalar que la falta de supervisión permitió un “sobreprecio equivalente a más de $4 mil millones, considerando los valores más altos”, con diferencias de pago que llegaron al 557,89% por turno.
Riesgo crítico y vínculos políticos A pesar de recibir miles de millones del Estado, la situación comercial de la empresa es deficiente. Actualmente, registra una morosidad superior a los $550 millones, lo que la sitúa en un “riesgo crediticio crítico”. Además, se descubrió que las direcciones declaradas por la compañía correspondían a un centro de estética y una oficina contable, o simplemente no existían.
El nexo de la empresa con el Gobierno comenzó en la Región del Bío Bío, bajo la delegación de Daniela Dresdner, tras lo cual fue recomendada a Valparaíso bajo el argumento de que era conocida “por el nivel central”. En esta trama también se menciona al actual delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien en su rol previo como Seremi de Obras Públicas habría sugerido la contratación de la firma.
Exigen justicia y sanciones Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, criticó duramente la falta de fiscalización: “Pecaría de ingenuo al decir que me parece correcto. Muy por el contrario, me parece que es completamente improcedente, que es reprochable. Y requiere sanción. La explicación no puede ser ‘no nos dimos cuenta’”.
Por su parte, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó que el próximo gobierno iniciará acciones legales. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos”, sentenció, subrayando que el mal uso de fondos destinados a los damnificados es impresentable. Actualmente, la Contraloría ha remitido los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar una posible querella por fraude al fisco.
