Este procedimiento, que se realiza mediante el análisis de pelo, no distingue jerarquías. El azar puede seleccionar desde ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones hasta jueces, administradores y personal administrativo o auxiliar.
La Corte Suprema llevó a cabo esta semana el sorteo anual para determinar quiénes deberán someterse al examen obligatorio de detección de sustancias estupefacientes. En esta oportunidad, la medida alcanzará a 599 trabajadores de la institución, cifra que representa entre el 4% y el 5% de la dotación total del sistema de justicia para el periodo 2026.
Este procedimiento, que se realiza mediante el análisis de pelo, no distingue jerarquías. El azar puede seleccionar desde ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones hasta jueces, administradores y personal administrativo o auxiliar. Según lo informado por BioBioChile, los seleccionados —cuyas identidades se mantienen bajo reserva— cuentan con un plazo de apenas 48 horas para concurrir a la toma de muestra una vez notificados.
El control busca prevenir el consumo problemático de drogas y asegurar la integridad en el ejercicio de las funciones judiciales. Los resultados son manejados con estricta confidencialidad por el Pleno de la Corte Suprema. En caso de detectarse un resultado positivo, el funcionario es derivado a un programa de tratamiento; sin embargo, la normativa establece la remoción inmediata de la institución si la situación se repite en un control posterior.
Esta política preventiva se ha aplicado de manera ininterrumpida durante las últimas dos décadas. Como antecedente reciente, destaca que durante el año 2025 la totalidad de los ministros de la Corte Suprema optó por someterse al test de forma voluntaria, reforzando la señal de transparencia hacia la ciudadanía.
