Formada en los pasillos de los tribunales, donde empezó como relatora y saltó a la fama en su primer caso como jueza, hoy sabe que otro punto crítico además de los casos por tráfico de influencias, es la vulnerabilidad de los sistemas informáticos.
Mucho antes que los mensajes telefónicos se convirtieran en prueba judicial de operaciones con características delictuales, y que sus filtraciones pusieran fuera del Poder Judicial a cuatro magistrados, Gloria Ana Chevesich, Presidenta de la Corte Suprema desde este martes 6 de enero, se quejó mediante una carta de las fuertes presiones que recibía de autoridades y operadores judiciales en su investigación del caso Mop Gate. Precisamente la causa que le dio la notoriedad necesaria para ser nombrada en 2013, por Sebastián Piñera, como ministra de la Corte Suprema.
Este no será el primer verano caliente de Gloria Ana Chevesich Ruiz. Egresada de la Universidad de Chile, partió en el Poder Judicial a los 28 años como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, ciclista, alumna de pilates, su amplio guardarropa destacaba en la monocromía de los tribunales. A los 37 ascendió a relatora de la Corte Suprema. En el 2000, a los 42, tuvo su primera aparición pública durante el desafuero de Augusto Pinochet, quien era senador. Chevesich redactó la sentencia.
Un mes antes de cumplir 44 años, en octubre de 2002, es nombrada ministra de la Corte de Apelaciones. Nunca había actuado como jueza cuando la Corte Suprema la designa ministra en visita para investigar el caso Mop-Gate, un esquema de sobresueldos que hizo tambalear al gobierno de Ricardo Lagos.
La prensa y el marido
En febrero de 2003, Chevesich era la estrella de las redacciones y canales de televisión con pocas noticias. El caso de sobresueldos parecía ir directo a La Moneda. En mayo de ese año, la jueza escribió una carta al Pleno de ministros de la Corte Suprema que se hizo pública, denunciando las presiones de autoridades y operadores judiciales y políticos, para que no citara a declarar al entonces Presidente Ricardo Lagos en la causa.
La jueza contó que sorpresivamente fue convocada a una reunión en la casa del entonces presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky. Ella había sido su ayudante en la universidad.
“En la reunión, el señor Libedinsky me expresó que altos personeros de gobierno le habían manifestado que estaban preocupados por las últimas publicaciones periodísticas y que ello podía deberse a filtraciones a los medios de prensa, de los antecedentes que el tribunal custodia”.
La prensa ya había publicado quienes serían los siguientes procesados, y Chevesich en esta carta, se defendió negando que alguna clase de filtración viniera de ella, o de su marido Andrés de la Maza, abogado penalista, instructor de Tai Chi, tenista vegetariano y conocido en los pasillos de tribunales. Esa noche, tal como lo hacía siempre, acompañó a su señora del trabajo a la casa y viceversa. Curiosamente la reunión entre la jueza y el presidente de la Corte Suprema, preocupado por quién sería el siguiente procesado, también se filtró a la prensa. Chevesich negó que viniera de ella.
“En algunos medios de la prensa escrita se ha sostenido que mi cónyuge, Andrés de la Maza Camus o la suscrita habría filtrado la ocurrencia de ese encuentro. Incluso el Presidente señor Libedinsky, en la reunión del día miércoles 12 del mes en curso, me preguntó si mis relaciones matrimoniales estaban en mal pie como para que mi marido hubiere actuado de esa manera, dándole con ella credibilidad a esa información. No logro explicarme qué se persigue con dichas publicaciones, que amparadas en ‘fuentes judiciales’, afectan la honorabilidad de mi cónyuge y la mía”, se quejó la jueza.
Los protectores de Lagos
Sorprendida por el alcance y la influencia de los medios, Chevesich, según consigna un perfil del Diario Financiero, contrató un curso de comunicación estratégica con la consultora de Eugenio Tironi. Ya como ministra de la Suprema, fue vocera del máximo tribunal entre 2019 y 2022, cuando ya se perfilaba como la próxima presidenta, si se cumplía la tradición de nombrar a la persona más antigua en la titularidad de la Corte.
Antes de eso en la carta escrita en 2003 Chevesich, mucho antes de la ley de lobby describió algunos encuentros irregulares con personas y autoridades, preocupadas por el futuro de la causa.
“En el curso del mes de febrero de 2003, me visitó en el tribunal un conocido abogado de la plaza, no como abogado patrocinante o apoderado en la causa, solicitándome a nombre del Presidente de la República que le concediera la libertad a Carlos Cruz Lorenzen” y “ en el segundo trimestre del año 2003, en una fecha que no recuerdo, me visitó en mi residencia un Ministro de la Excma. Corte Suprema, pidiéndome a nombre del gobierno que no citara a declarar al Presidente de la República, por las connotaciones políticas que ello podría acarrear. En la oportunidad se encontraban en mi domicilio particular diferentes miembros de mi familia y la persona que, a esa fecha, se desempeñaba como empleada doméstica”, contó la jueza.
Por último, Gloria Chevesich reconoció que “en el curso de este año, un funcionario policial me manifestó que personas de gobierno estaban interesados en que recibiera a una «persona entendida», la que me daría una charla sobre los alcances de la causa que instruyo, esto es, acerca de cómo la investigación podía afectar la estabilidad institucional del país”.
Así lo entendieron también otros actores políticos y la causa terminó con algunos condenados y el apretón de manos entre Pablo Longueira, entonces líder de la oposición y el Presidente Ricardo Lagos.
La ciber ministra
Gloria Ana Chevesich pudo comprobar visiblemente como opera el Poder Judicial por fuera del cauce formal. Desde entonces, la ministra ha aparecido como abanderada de la transparencia. Durante diez años, desde 2014, ha sido parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La cuestionada institución del escándalo de los autos Lexus para los ministros, y que maneja toda la parte administrativa del Poder Judicial, incluido su presupuesto, todo sin mucho control. Recientemente un Informe de la Contraloría definió al Poder judicial como “zona de opacidad de información”. Pero según la memoria institucional de 2024, Chevesich estuvo en los episodios más positivos de la gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Encabezó el equipo técnico responsable de la implementación de leyes de alto impacto social, como la Ley de Registro de Deudores de Alimentos (N°21.389), la de Responsabilidad Parental (N°21.484) y la Ley Integral contra la Violencia (N°21.675), según se desprende de los datos en la memoria institucional. Ella supervisó al equipo técnico informático “cuyo rol fue esencial para modernizar y ajustar los sistemas informáticos de tramitación de los tribunales de familia y penales y agilizar y facilitar la tramitación de las causas, a través, principalmente, de la generación de trámites automáticos e interconexiones con diversas instituciones”.
Además de iniciar el plan piloto de Justa, una aplicación para “automatizar” divorcios y transcripciones. Ante las amenazas digitales, el departamento de informática, creó un “Área de Ciberdefensa” según detalla la memoria.
Otra implementación descrita como un avance para el año 2025 es Unijud, un nuevo sistema tecnológico de tramitación de causas penales que hasta entonces era un plan piloto en Rancagua, Melipilla y Curacaví.
Chevesich, en 2026 cumplirá 12 años en el Consejo Superior de la CAPJ que, en 2024, ejecutó el 99% de su presupuesto, según la memoria institucional, ascendiente a un poco más de $762.160 millones. Ella participó activamente en la comisión mixta para defender el presupuesto de ese año.
Descrita por la prensa, que ya no es hostil, en los perfiles publicados a propósito de su asunción, como estricta, exigente y de trato duro. Además “obsesionada” con la transparencia, se apuró en informar su relación con Carlos Gajardo Galdames, “su compañero” como lo trató en su discurso de asunción, ahora ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ella sabe que el gasto del presupuesto en la CAPJ todavía es opaco. Por eso apoyó la implementación de un nuevo sistema de contratación pública que busca reducir los tratos directos.
Chevesich, que según aclaró se pronuncia Quevesich, también sabe que los problemas de vulnerabilidad de los sistemas informáticos han ocurrido al menos desde que ella se integró al Consejo Superior de la CAPJ. La primera y más antigua controversia, se originó en el reclamo por la asignación eventualmente irregular de dos causas en el 2° Juzgado de Garantía: el caso Curauma y la Insolvencia Transfronteriza de LATAM, en donde una de las partes acusa sabotaje informático para intervenir la asignación aleatoria de los tribunales. Un proceso ampliamente conocido que viene desde 2013.
El hilo dominicano
Otro caso es de 2021, pero que se resolvió recién en mayo de 2025 cuando fue condenada a una pena remitida de 61 días la funcionaria Carolina Roldán. Se comprobó que la funcionaria pudo alterar en 2021, usando su clave de acceso, los archivos de una antigua causa por hurto contra Gabriel Boric, justo en los momentos en que este era candidato a la Presidencia de la República. En la indagatoria por sabotaje informático, después de tres años de investigación, nunca se hicieron públicos los detalles de la vulneración al sistema de causas y todo terminó en un procedimiento abreviado informado vía telemática al Tribunal.
La última denuncia hecha pública es de solo dos semanas, luego que se filtrara a la prensa los resultados de un sumario administrativo a tres funcionarios de la CAPJ. La investigación determinó que entre los años 2024 y 2025, el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara Orellana; el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva Jara; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación, formaron una sociedad para vender servicios “relacionados directamente con las funciones que cumplen” en la CAPJ, según consignó radio Bio Bio.
A través de Innovectio Spa, vendieron servicios a República Dominicana, el país donde opera Grupo Universal, donde Julio Bustamante Jeraldo ha sido ejecutivo y presidente de la aseguradora del holding caribeño. Bustamante, ex superintendente de AFP, es pieza clave para los querellantes del caso Curauma, que acusan sabotaje informático con manipulación del algoritmo de distribución de causas.
El grupo de funcionarios detectado también habría ofrecido sus servicios en Argentina y a privados en Chile. Todos los ministros del Consejo Superior de la CAPJ determinaron una investigación secreta, pero finalmente el sumario, que lleva la ministra María Cristina Gajardo, salió a luz pública.
Está por verse como Gloria Ana Chevesich encara el flanco de crisis de la debilidad informática del PJUD, menos estridente pero tanto o más dañino a la confianza ciudadana que el tráfico de influencia. Por ahora, el sumario de este caso, fue instruido por la ministra María Cristina Gajardo, quien también integra el Consejo Superior de la CAPJ.
