Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reafirmaron su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y expresaron su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela la madrugada de este sábado.
Se trata de acciones que «contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil».
Los gobiernos que firmaron la declaración, todos progresistas, reiteraron «que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana».
«Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional», señala la declaración.
Por último, expresaron su «preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta Comunicado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región».
