Sumarios secretos, arreglo de salas, sabotajes informáticos que se investigan solo como incidentes y terminan en nada, manipulación del algoritmo de distribución de causas, todo es una sumatoria de silencio e impunidad en el Poder Judicial. Su principal responsable es la Corte Suprema.
Más allá de las sanciones a Ángela Vivanco, Sergio Muñoz o el caso Hermosilla y la vastedad de sus aristas o ramificaciones, es la Corte Suprema quien tiene la superintendencia judicial y administrativa de todo el PJ. Si este funciona mal o es corrupto a ella le toca en primer lugar.
De ella depende el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que dirigen 5 de sus miembros, incluido su presidente, para ocuparse de los asuntos administrativos: administrar las platas, proveer los servicios judiciales necesarios para que los tribunales funcionen, y capacitar y seleccionar personal de apoyo. Para el gobierno judicial la CS tiene sus sesiones de pleno y los Auto Acordados entre otros instrumentos.
Sin embargo, la Corte Suprema como gobierno corporativo desde hace años se omite de los problemas. O se atrinchera en sus facultades de Poder Constitucional independiente de cualquier control externo. No asume su responsabilidad, aclara que “los jueces hablan por sus fallos” prácticamente sin rubor. Y no transparenta ante una opinión pública que cada vez le cree menos, la grave crisis institucional de legalidad que hoy enfrenta el país, debida a la mala calidad de su gestión.
El sistema judicial está fundido en aspectos sustanciales y, peor aún, un número indeterminado de sus funcionarios y procedimientos se perfilan comercializados -posiblemente hasta con el crimen organizado- exponiendo a la desaparición los bienes públicos esenciales de nuestro Estado de Derecho: la igualdad ante la ley, la integridad y seguridad de los procedimientos judiciales, y la transparencia y probidad de las salas en que estos se realizan.
Como ocurre en sistemas gobernados por la lógica de vicios privados pública virtud, la impunidad del sistema corrupto se torna vulnerable de manera anecdótica como el caso de la compra de autos Lexus para los ministros de la Corte Suprema (oportunamente revertido). Hace ya casi dos años este exhibió con desparpajo un detestable sistema de privilegios y puso el foco, una vez más, sobre su corporación administrativa. Operó como siempre el silencio o el secreto, y el sumario ordenado entonces demoró año y medio en revelarse. Más que nada como mera formalidad y por presión de la opinión pública, pues los funcionarios habían renunciado.
Pero el caso Hermosilla o Audios había abierto todas las ventanas. Y los autos fueron una excrecencia del arreglo de salas judiciales y nombramientos de jueces y ministros hasta la corrupción eventual en materia de servicios que hoy empieza a investigarse. Aspecto no menor es que la CAPJ ha administrado en los últimos quince años cientos de miles de millones de pesos del presupuesto corriente del Poder Judicial y los adicionales para construir, comprar o arrendar edificios destinados a los nuevos tribunales que se crearon por varias reformas, entre ellas la penal y la de familia.
Desde hace años se sabe que la mayor debilidad del Poder Judicial son sus archivos y su administración digital. Lo que pese a la dictación de la Ley de Ciber Seguridad no puede arreglarse porque como organismo constitucional autónomo, el PJUD queda exento de reportar y atenerse a esa ley en materia de incidentes de ciber seguridad. Hoy se conoce que mediante un procedimiento secreto se investiga la eventual venta de un software de exclusivo uso interno al Poder Judicial de República Dominicana, y posiblemente también a otros países del continente. Su autor es Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional actualmente suspendido de su trabajo. La pregunta de cajón es ¿y por qué no considerar como eventual comprador también al crimen organizado?
Como es habitual en estos casos, los antecedentes habrían sido revisados por el actual Consejo Superior de la CAPJ, integrado por las ministras Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo y el presidente Ricardo Blanco quienes habrían decidido “mantener el caso acotado al ámbito administrativo de manera secreta” para no aumentar el daño de la imagen pública del Poder Judicial. En 2016, una investigación de El Mostrador, de la periodista Alejandra Carmona y del autor de esta columna denunció el uso de títulos académicos falsos por parte del director de la CAPJ Ricardo Guzmán Sanza y otros altos funcionarios, que nunca tuvo ninguna consecuencia administrativa para ellos. Guzmán Sanza abandonó el cargo luego de la compra fallida de los automóviles Lexus.
El peor ciego es quien no quiere ver, y el peor sordo quien no quiere oír. Para muestra un botón. Solo en Desenfoque.cl se han publicado en los últimos 3 años una veintena de reportajes y columnas de opinión sobre las irregularidades del poder judicial. Súmele las numerosas de otros medios digitales y verá una ceguera y sordera mal intencionadas.
El tema ya es crítico en materia de gobierno digital. Las manipulaciones en la quiebra de Curauma, la insolvencia transfronteriza de Latam, las manipulaciones en la distribución de causas, los sabotajes informáticos (p.ej contra el presidente Gabriel Boric), los arreglos de salas, el caso de los camiones ilegales en un tribunal Civil de Santiago, entre muchos otros, nunca han sido suficientes para que por lo menos se intente auditorías externas en los casos que se han judicializado. Ello considerando que el Ministerio Publico se muestra reacio o tal vez incapaz de investigar.
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