La Corte Suprema abordó la situación que afecta al ministro Diego Simpertigue Limare, quien ha sido aludido en diversas notas de prensa por algunos hechos relacionados con los actos de corrupción en el caso Muñeca Bielorrusa.
La ministra vocera del Tribunal, María Soledad Melo, informó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, dio cuenta de los antecedentes que se han conocido públicamente y luego de conversar con el ministro afectado.
“El Pleno estimó necesaria la revisión de éstos antecedentes y para obtener mayor claridad respecto de los mismos dispuso la instrucción de un sumario administrativo, que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema» Jorge Pizarro Astudillo, informó la ministra.
Consultada por la forma de tramitación del sumario administrativo y qué implica este proceso la ministra Melo explicó: “A través del sumario administrativo lo que se hace es una investigación, a cargo de fiscal judicial, quien deberá analizar todos los antecedentes, tomarle declaración al ministro, recabar toda la información que requiera, para determinar si existe algún tipo de responsabilidad. Una vez realizada todas las diligencias tiene dos alternativas: formularle cargos al ministro, oportunidad en que el ministro tendrá que contestarlos, y el fiscal emitirá un informe y propone alguna medida (disciplinaria); o la absolución y eso es conocido por el Tribunal Pleno. Las medidas en virtud del sumario administrativo están en Código Orgánico (de Tribunales) y van desde la amonestación privada a la suspensión. Un destitución no es a través de un sumario administrativo, sino que ahí corresponde la apertura de un cuaderno de remoción, como ha ocurrido en otros casos, pero eso no se ha discutido”.
Simpertegui, como reveló el medio electrónico Reportea, se embarcó en un crucero por Europa con el abogado Eduardo Lagos, una semana después que éste recibiera el pago de Movitec, y tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de Codelco, tribunal que integró en su oportunidad el ministro Simpértegui.
La empresa estatal fue obligada a pagar 1.026 millones de pesos en la resolución, que fue redactada por el mismo Diego Simpertegui.
