En el inicio de esta semana se volvió a reabrir el tema de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Señalar la fecha no es baladí, toda vez que hay personas que no vivieron esa época y, por tanto, desconocen o dicen desconocer las atrocidades cometidas por el Comando Conjunto, la DINA y la CNI o la DINE, todas bajo el mando de la Junta Militar y, directamente, de su jefe Augusto Pinochet.
En medio de la campaña presidencial, los candidatos de la derecha han criticado la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, del destino como cárcel común del penal de Punta Peuco. En medio de esa noticia, resurgió el tema de los indultos que Kaiser y Kast pretenden otorgar a los ancianos que purgan hasta más de mil años de condena.
En paralelo, Matthei calificó como “venganza” el Plan Nacional de Búsqueda de más de mil detenidos desaparecidos durante el régimen, uno de cuyos líderes era su propio padre.
Esta estrategia es un paso más que da la derecha, defensora de la “obra militar”, en la división de las chilenas y chilenos. Evelyn Matthei se equivoca, yerra una vez más.
Las agrupaciones de familiares de las víctimas siempre han actuado bajo el Estado de Derecho y eso no es venganza. Se trata de niños, adolescentes, mujeres violadas, otras embarazadas que fueron asesinadas y hechas desaparecer. Más tarde desenterraron sus cuerpos y los lanzaron al mar. Hombres y mujeres, chilenos que no tuvieron derecho a la justicia.
Por ello es que, de tanto en tanto, que resurja la sola idea de indultar a los autores materiales de una política de exterminio, del genocidio cometido por militares hoy encarcelados, no puede tal intento sino ser denunciado, aunque sea sólo una idea.
En etapa de elecciones no es posible poner tales conductas en el escenario de las ofertas electorales. Es revivir la tortura de los que salvaron de la muerte. Encontrarse cara a cara con Krassnoff, Corvalán, Pedro Espinoza o Iturriaga, será al menos una burla para quienes hoy algo de reparación han encontrado, no así para miles de familiares de los 1.210 detenidos- desaparecidos.
