Los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, que han matado al menos a 57 personas desde principios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe actuar ya para impedir que el gobierno estadounidense lleve a cabo nuevos bombardeos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
«En los dos últimos meses, el Comando Sur de Estados Unidos se ha enzarzado en una oleada de asesinatos al cumplir las órdenes ilegales del gobierno de Trump», manifestó Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos. «El gobierno ni siquiera ha dado los nombres de las víctimas, ni ha proporcionado pruebas de sus presuntos delitos. Pero, incluso aunque lo hiciera, el homicidio intencionado de personas acusadas de cometer delitos que no constituyen una amenaza inminente para la vida es asesinato, y punto».
La ejecutiva manifestó que «hace ya tiempo que el Congreso debería haber ejercido su función de supervisión sobre la conducta ilegítima del gobierno, haber puesto fin a estos ataques aéreos ilegales y haber obligado a rendir cuentas a los responsables de estos asesinatos».
Ni pruebas ni base jurídica
Las autoridades estadounidenses informaron 13 ataques aéreos en Latinoamérica hasta el momento: ocho de ellos en el Caribe y cinco en el Pacífico. El gobierno de Trump ha tratado de justificar sus acciones alegando —sin presentar prueba alguna— que los objetivos eran «narcoterroristas» dedicados al contrabando de drogas.
La interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación de cumplimiento de la ley, sujeta al derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y sólo permite a los Estados utilizar fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para la vida y no baste con utilizar medios menos extremos, como la captura.
Un Estado que mate intencionadamente a alguien fuera de estas circunstancias está cometiendo un homicidio extrajudicial, una forma de asesinato, independientemente del presunto crimen que la persona en cuestión pueda haber cometido, señala Amnistía.
Agrega que las autoridades gubernamentales tampoco han demostrado que no podían haber interceptado y abordado estas embarcaciones, como hace de forma habitual la Guardia Costera estadounidense. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos podría haber interceptado la primera embarcación a la que atacaron, pero en lugar de eso optaron por bombardearla.
«Los ataques lanzados por el Comando Sur de Estados Unidos son acciones ilícitas de un gobierno que actúa fuera de la ley», ha declarado Daphne Eviatar. «Si el gobierno de Trump quiere abordar la drogadicción, debe financiar plenamente programas de salud pública para su tratamiento y prevención en Estados Unidos, en lugar de volar ilegalmente embarcaciones en Latinoamérica y el Caribe. Independientemente de los crímenes cometidos por los cárteles de la droga, que las autoridades estadounidenses ejecuten a alguien a quien acusan de formar parte de uno de esos cárteles y transportar drogas es un delito en virtud del derecho tanto internacional como nacional. No pueden hacerlo en las calles de Estados Unidos, y tampoco pueden hacerlo en aguas internacionales».
