Tras recibir una treintena de reclamos de parte de consumidores en contra de la empresa de comercio electrónico «Bohemea» por eventual publicidad engañosa, y al existir indicios de un eventual delito de estafa, el SERNAC denunció a la empresa ante el Ministerio Público.
La decisión de enviar los antecedentes al ente persecutor se adoptó luego de analizar los reclamos de las y los consumidores, quienes coinciden en que este proveedor estaría incurriendo en publicidad engañosa.
El principal problema radica en que «Bohemea», que comercializa principalmente productos de vestuario femenino a través del sitio web www.bohemea.cl, los promociona con imágenes, en su gran mayoría elaboradas con inteligencia artificial (IA) pero con descripciones que sugieren que se trataría de productos con diseño y confección nacional de alta calidad.
Por ejemplo, en el caso de productos como sweaters y chalecos, indica que son «bordados a mano». No obstante, tras comprarlos, las personas reciben prendas de poliéster de ínfima calidad, con simples estampados gráficos que imitan el bordado, a menudo con etiquetas en chino que evidencian su verdadero origen.
No obstante, la mayor gravedad del caso se aprecia cuando las personas intentan reclamar y exigir sus derechos, pues Bohemea no responde. Incluso, dicho proveedor borra los comentarios negativos en sus redes sociales y bloquea a los usuarios que exigen respuestas. En otros casos, incluso no entrega los productos y tampoco devuelve el dinero a los consumidores.
Según los antecedentes preliminares, esta empresa estaría actuando bajo el modelo «dropshipping», es decir, enviando a sus clientes artículos de bajo costo, adquiridos directamente desde plataformas extranjeras, como AliExpress, lo que genera una desconexión entre las expectativas y el producto que finalmente reciben las personas.
A lo anterior, hay que sumar que recientemente la empresa bajó su sitio web, lo que hace suponer que podría existir una práctica fraudulenta.
Es importante recalcar que la Ley del Consumidor se hace cargo cuando existen incumplimientos, pero no aplica cuando se trata de prácticas que pudiesen constituir algún tipo de delito, en cuyo caso es el Ministerio Público el encargado de perseguir dicha responsabilidad.
