Ante la incertidumbre instalada por el futuro de la megatoma en la comuna de San Antonio en la región de Valparaíso, la diputada Carolina Marzán instó “a todas las partes involucradas, a sumar todos los esfuerzos posibles en estas últimas horas y alcanzar un acuerdo razonable, en el marco de la ley, pero que considere la realidad social de más de diez mil personas que viven en las 250 hectáreas que hoy están en la mira de los tribunales de Justicia”.
La parlamentaria del PPD agregó que “sabemos que es un conflicto complejo, pero la incertidumbre es el peor de los caminos y aunque las conversaciones se están efectuando de manera confidencial, esperamos que en las próximas horas las familias tengan algo de información y se establezca un necesario acuerdo entre los propietarios de los terrenos y el Gobierno. Se trata aproximadamente de más de 10 mil personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y movilidad reducida, mascotas, la verdad es que esto es, si hiciéramos una comparación, como desalojar a una comuna, si consideramos por ejemplo que Petorca, tiene poco más de esa cifra de habitantes. Es tremendamente doloroso” .
El plazo judicial para el desalojo vence este miércoles 27 de agosto. En el mes de febrero, las acciones se postergaron por seis meses tras un entendimiento inicial para fijar la tasación del predio. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda (Minvu) impulsaba cooperativas habitacionales para habilitar el acceso a la propiedad.
“Esta mesa instalada desde el verano en el Minvu es la esperanza para salir de esta compleja situación judicial, pero también social y emocional. Las autoridades de la región ya han manifestado su preocupación ante un fracaso de las conversaciones, considerando los efectos que tendría un desalojo de estas dimensiones que, de ocurrir, debe considerar una serie de aspectos relevantes y muy delicados”.
Si el plazo se cumple sin acuerdo, los propietarios deberán informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un “téngase presente” y pedir la ejecución de la sentencia de desalojo. Esto abriría una nueva instancia de coordinación con el Ministerio de Seguridad, la delegación provincial y los municipios de San Antonio y Cartagena.
