Por Mesa de Desenfoque
El 25 de abril de este año, en plena discusión legislativa sobre la Ley de reforma del Sistema Registral, el presidente del Sindicato N°1 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), Pablo Vargas, se dirigió mediante un correo/carta a la Comisión de Etica y Transparencia del Senado, que preside la senadora republicana Carmen Gloria Aravena para exponer una situación que los trabajadores de ese organismo consideran grave. En su texto, manifiestan su preocupación por lo que consideran faltas a “la integridad y transparencia del quehacer legislativo de la Comisión Mixta (…) respecto a un eventual conflicto de interés que involucra a la senadora Paulina Núñez Urrutia (RN)” presidenta de esta.
Concretamente la senadora Núñez no transparentó al asumir la presidencia de la Comisión “por un acuerdo político” (sic) según declaró el presidente saliente Alfonso de Urresti (PS) una “vinculación directa entre el Conservador de Hipotecas de Santiago, Sr. Carlos Miranda y el cónyuge de la senadora Núñez, el exministro Cristián Monckeberg Bruner (RN)”. Este, según consta en medios de comunicación y registros públicos, integró hasta fines de 2024 un comité asesor de gestión convocado por el conservador Miranda, instancia en la que participó activamente en “la elaboración de un informe técnico sobre la modernización del sistema registral”. También se pudo averiguar que como directivo de la Universidad del Alba (ex Pedro de Valdivia), ofrece un diplomado en Derecho Registral, con auspicios del CBRS, aunque la ley aún continua en trámite.
A pesar de estas relaciones, sostiene el Sindicato, la senadora Núñez no transparentó ni se inhabilitó de participar en la discusión y votaciones de las normas que afectaban directamente al CBRS, uno de los puntos de mayor controversia en el proyecto de ley, y de actuar de “manera favorable a los intereses del Sr. Miranda en sesiones de dicha comisión”. Tal hecho “plantea una legítima preocupación” sostienen, de que se haya vulnerado el principio de probidad consagrado en el ordenamiento jurídico chileno y el deber de abstención que rige para las autoridades frente a situaciones que puedan comprometer su imparcialidad. Por ello, dice su presentación, piden a la Comisión de Etica y Transparencia que “instruya una investigación que permita esclarecer si ha existido una falta ética por parte de la senadora Núñez, en el marco del cumplimiento de sus deberes parlamentarios.”
El portazo senatorial aun retumba en los oídos de los sindicalistas. El 3 de junio, mediante una carta oficio la presidenta de la Comisión le informó al sindicato que “por la unanimidad de sus integrantes presentes” (sic) se declaró la inadmisibilidad de su requerimiento “en conformidad con los artículos 232 y 233, letras a) y b) del Reglamento del Senado. Todo sin referencia alguna al fondo de lo consultado ni tampoco al resto de normas del Título XVIII del Reglamento, cuya letra c del art.233 la habilita para “c) Proceder de oficio en situaciones graves y de público conocimiento;”
Se debe recordar que el proyecto de ley al que hace referencia la presentación del Sindicato generó un problema de proporciones en la Comisión Mixta, luego que el diputado Leonardo Soto objetara que se estaba manipulando el sistema de votación acordado, precisamente para resolver entre otras cosas, la división del CBRS, lo que afecta directamente los derechos de más de quinientos trabajadores del oficio, quienes han sido prácticamente invisibilizados en la reforma.
