Por más que se afirma en Chile que la ciberseguridad es la base de la seguridad de un país moderno, cada vez que se dicta una ley o se hace una reforma se deja una nueva puerta trasera abierta a los delitos y el crimen organizado.¿Quién lo entiende?
En diciembre de 2022 siendo ministra y subsecretario en la cartera de Interior Carolina Tohá y Manuel Monsalve respectivamente se presentó la “primera Política Nacional de Seguridad de la historia republicana de Chile”. Pese al autobombo político tras un prolongado debate los resultados son decepcionantes. El documento que contiene la mentada política habla del crimen organizado como un conjunto de actividades conformadas por “estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar.” Y agrega “No todo es crimen organizado, pero el que lo es debe ser identificado como tal y abordado con herramientas apropiadas y enérgicas” (sic).
A su vez, la página web del Ministerio Público (http://www.fiscaliadechile.cl) sostiene que el crimen organizado es una denominación genérica para delitos en los que actúan grupos organizados de personas para llevar a cabo delitos “contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas” (sic).
Esta tautología conceptual es la que caracteriza el marco criminológico en el cual se mueve la justicia penal y la acción policial, y se da el perfil de la agenda de seguridad pública, que en vez de cerrar abre puertas traseras al crimen organizado.
El crimen organizado es una actividad delictual constante y repetitiva; se manifiesta como industria o comercio clandestino y difuso con distintos niveles de complejidad. Sus actores son, en los niveles bajos personas naturales y en sus niveles altos empresas o personas jurídicas. Su objetivo es lucrar y su propiedad, insistimos, es difusa. Sus conexiones operativas son en redes articuladas en canales legales que corrompe para camuflarse; y por sobre todo, capta y corrompe canales financieros para blanquear sus ganancias, y captar poder público, que facilita los vínculos transnacionales. Como característica moderna exhibe intensos desarrollos en tecnología digitales y sistemas de información e inteligencia. ¿Para qué se requiere, entonces, definiciones cuando lo imprescindible es describirlo para poder controlarlo?
Su matriz básica es una economía secreta y clandestina, y para perforarla se requiere de mucha inteligencia económica y big data. Lo que se conoce del crimen organizado proviene de experiencia investigativa policial exitosa acumulada como lecciones aprendidas, que extrapoladas permiten aplicarse a nuevos casos y generan el contenido criminológico que maneja el Estado.
Finalmente, hay que subrayarlo, no es una ideología, ni siquiera en sus componentes más subversivos de vínculos a movimientos guerrilleros, sino una actividad criminal que erosiona las instituciones legítimas controla territorios y economía y opera transnacionalmente.
La ciberseguridad
La mente y el nervio del crimen organizado son las ganancias de negocios para lo cual hoy día tiene una incidencia fundamental el desarrollo digital. Tanto para modelar nuevos negocios o innovar la gestión de otros antiguos, como para contrarrestar la acción del Estado sano socialmente.
Desde el narcotráfico dominado por drogas sintéticas hasta el tráfico de órganos, personas, combustibles, armas u obras de arte, tienen en su interior redes difusas digitales operando en todo el arco de la sociedad globalizada. El secuestro de datos críticos, patentes, inventos, y toda clase de bienes intangibles es tanto o más rentable que el secuestro de personas. El crimen organizado de era digital es un fenómeno que implosiona y explosiona de manera simultánea todos los componentes materiales, procesos y conocimientos de la sociedad global, revolucionando su funcionamiento.
Por ello, desde el punto de vista penal, la ciberseguridad ocupa el sitial central de la actividad criminológica del Estado moderno. No de manera acumulativa sino a velocidades de máquinas e inteligencia artificial, con conocimiento y comprensión humana aprendiendo en proceso.
En Chile la ciberseguridad viene lenta y atrasada, con el agravante de que es evidente el estado de descomposición y corrupción de sus instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, o derechamente la Política. La crisis de confianza de la sociedad en sus representantes políticos -menos de un 15% de confianza- indican que la sociedad está involucionando rápidamente y su cohesión cultural al borde del colapso.
En materia de ciberseguridad La ley N°21.663, recién publicada el 8 de abril de 2024, primero llena de reglamentos especiales que la siguen demorando, no está en su operación básica antes del primer trimestre de 2026. Pero todavía lo más importante es que su dictación ha dejado abierta una enorme puerta trasera.
Pese a que la ley declara que “tiene por objeto establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado y entre éstos y los particulares establece un conjunto de organismos autónomos del Estado que quedan fuera de la tuición de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que se crea: El Senado y la Cámara de Diputados; el Poder Judicial; la Contraloría General de la República; el Banco Central; el Ministerio Público; el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión, además de crear un estatuto especial para las FF.AA (Art. 53 de la Ley). Estos organismos deberán adoptar “las medidas de seguridad de sus redes y sistemas informáticos que sean pertinentes y el respectivo jefe de servicio o los órganos colegiados que ejerzan dicha función, “podrán dictar la normativa que sea conveniente a tales efectos, y considerar en su formulación las recomendaciones que efectúe la Agencia”. (negritas del autor)
Esto es extremadamente grave en el Poder Judicial en el cual hoy es evidente que su Corporación Administrativa está totalmente permeada en el manejo de la inviolabilidad, integridad y continuidad de sus repositorios digitales, tanto de causas como en la composición y manejo de salas judiciales colegiadas y, en general, del otorgamiento de la seguridad jurídica básica que el país demanda. Lo que la ciudadanía sabe o percibe y que la elite política o los medios de prensa omiten, el crimen organizado ya ha empezado a aprovecharlo. No existe garantía alguna de que no esté ocurriendo a vista y paciencia de las autoridades.
