Por Hernán Guerrero S.
Cuando alguien me dice que es independiente pregunto de inmediato ¿Independiente de quién?. Esto porque los seres humanos somos comunitarios y no vivimos con independencia absoluta de otros humanos, incluído un anacoreta que para alimentarse depende del medio ambiente que lo circunda. Aún más, ni siquiera el anacoreta cuando observa, habla y actua, es independiente de su estilo personal y su forma de ver el mundo, ni del rol que tiene, cree tener o que le reconoce la comunidad de la que se ha apartado.
En los últimos días, en el ácido debate nacional, la discusión sobre las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo y las respuestas del ministro Marcel muestran con claridad las restriciones de la independencia y la autonomía, especialmente cuando quien habla y actua no lo ve. Por una parte, a mi modo de ver, en el informe y posteriores intervenciones de sus partidarios, subyace la visión de que ellos supervisan el accionar del ministerio de Hacienda y que por lo tanto el ministro debería ejecutar sus recomendaciones de manera inmediata. Esto presupone que el ministro sería una especie de Gerente Operativo del CFA. Por cierto que no lo dicen, pero se puede colegir que en el fondo de su mirada está esta pretensión ajena a su rol y su mandato legislativo.
Por otra parte, el CFA tiene su propio enfoque que tiñe los aspectos técnicos económicos de sus platemientos. Al respecto reproduzco lo central de la columna de mi amigo Luis Eduardo Escobar, economista experimentado en poltica fiscal. En opinión de Luis Eduardo, el ministro Marcel al calificar el informe de “inusualmente severo fue demasiado generoso en su evaluación”.
Plantea que “más allá del tono inadecuado y autorreferente, el problema del informe es que su diagnóstico y propuestas están sesgados en al menos tres sentidos.
El primer sesgo es que le imputa a este Gobierno el no haber adoptado medidas correctivas oportunamente. El informe menciona que los déficits fiscales son una “situación excepcional de múltiples años” (sic), pero no asigna responsabilidad alguna a las administraciones anteriores por no haber corregido el problema oportunamente. Tampoco se pregunta por qué no lo hicieron. Pero insiste en que debe ser este Gobierno el que realice el ajuste fiscal que proponen.
Solo al final el informe menciona que esta administración redujo el gasto público en 2022 en más de 20% en términos reales, equivalente a 7 puntos porcentuales del PIB, porque el Gobierno anterior dejó todo el ajuste fiscal postpandemia a esta administración. De paso señala que, si este Gobierno lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo, como si la política fiscal fuera un juego de destreza.
Pero quizá lo más grave es que el CFA simplemente ignora que hasta el año 2003, cuando comenzó el superciclo de precios del cobre, el país arrastraba un déficit fiscal de importancia que había generado serios roces durante las evaluaciones económicas anuales del FMI. Es decir, la reducción de la deuda externa bruta a menos de 4% del PIB en 2007 y ser acreedor neto internacional hasta el año 2011, se debió a los ingresos extraordinarios generados por el superciclo de precios del cobre. La situación fiscal, excluyendo ingresos del cobre, a partir de 1999 ya era débil y sigue siéndolo.
El segundo sesgo consiste en proponer que, si no hay acuerdo con el Legislativo, que es lo más probable en un año electoral, es responsabilidad de esta administración reducir el déficit estructural en un punto porcentual del PIB este año. Alcanzar esa meta en lo que resta de este año es equivalente a un ajuste fiscal de dos puntos del PIB anuales, ya que habría que hacerlo en seis meses o menos. Al CFA parece no importarle que en las condiciones económicas actuales y sin considerar la incertidumbre internacional, una medida de esa magnitud probablemente llevaría al país a una recesión, con los costos sociales y económicos que ello conlleva. Desde luego, ese riesgo no puede ser ignorado por un Gobierno responsable.
El tercer sesgo, dada la casi nula probabilidad de un acuerdo Gobierno-Congreso para elevar los ingresos tributarios, es que el ajuste se haga por la única vía que le quedaría disponible al Ejecutivo, esto es, un recorte del gasto, y propone, en particular, que se reduzca el gasto corriente. Desde luego, el CFA no sugirió qué gastos recortar, porque si lo hiciera tendrían que asumir el costo político de sus recomendaciones.
Si el CFA quiere colaborar en mejorar la situación fiscal del país, objetivo necesario que comparto, no basta con anunciar un desastre que, por cierto, está muy lejos de ocurrir. El límite prudencial de deuda pública bruta fijado en 45% del PIB es tan arbitrario como podría ser cualquier otro límite y, de hecho, como lo reconoce el CFA, está bastante por debajo de los niveles de deuda de nuestros pares.
Por último, el CFA debería cumplir plenamente con sus obligaciones bajo la ley, que le mandata “manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de Balance Estructural”, cosa que hace aunque exagera mucho, y “proponer medidas de mitigación” (resaltado del autor), tarea ingrata que prefiere esquivar.
Señalar que este Gobierno debe recortar el gasto, como señala numerosas veces el texto del CFA, no se condice con el encargo del Legislador de “proponer medidas de mitigación”. Por lo demás, sabiamente el legislador no solicitó que el CFA proponga medidas que corrijan plenamente eventuales desviaciones en menos de un año, solo solicitó “proponer medidas de mitigación”. En eso, el ministro Marcel está siendo más fiel a la letra y espíritu de la ley que el CFA.
Termina Escobar diciendo que abordar los desafíos fiscales que enfrenta el país requiere de una mirada a largo plazo, con proyecciones acordadas y realistas, identificando un menú de posibilidades para reducir los déficits y evaluando el costo alternativo de las opciones disponibles. Esa sería una auténtica contribución al debate fiscal por parte del CFA. La decisión sobre qué medidas específicas adoptar siempre será una decisión política y esa corresponde al Gobierno de turno y su ministro de Hacienda, preferiblemente en acuerdo con el Congreso.
