Sanciones por colusión para ganar licitaciones en España, falsos trabajadores autónomos en su planta laboral e incumplimiento de requisitos básicos de la licitación internacional presenta la consultora española Altia, adjudicada por el ministerio del Trabajo para administrar por otros cuatro años la Bolsa Nacional de Empleo, (BNE). Con el argumento que todo está en regla “porque la Contraloría Tomó Razón”, la licitación sigue en la incertidumbre pues los errores del proceso la judicializaron en el Tribunal de Compras.
Se trata de una licitación pequeña de $8.000 millones. Pero significativa pues está destinada a gestionar una política social del Estado con los trabajadores, públicos y privados del país, como beneficiarios. En condición de cesantes o búsqueda de trabajo, para contactar con empleadores que lo ofrecen. Algo que requiere confianza, transparencia, equidad y mucha probidad y eficiencia de parte del Estado, y un deber de decencia burocrática hacia el mundo del trabajo, que contrasta con los antecedentes de la adjudicación.
La BNE licitó por 4 años el 2016 y renovó “por trato directo” otros 4 con la empresa Altia, la misma que se adjudicó la presente licitación hasta el 2029. La BNE es una plataforma que articula el mercado de trabajo vinculada al Seguro de Desempleo. De ahí la importancia de su “continuidad del servicio ya que sin el portal no se puede certificar a los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario”, señala el ministerio.
Bajo la gestión de Jeannette Jara como ministra y Giorgio Boccardo como subsecretario y actual ministro en reemplazo de aquella y con la obligación de licitar, pues la ley no admitía un nuevo trato directo, se la llevó a cabo (ID 630-48-LR24) para el período 2025-2029. Fue publicada en diciembre de 2024 en calidad de “licitación internacional” y sus bases y el decreto de adjudicación fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República. Pero el proceso tiene daños ocultos que por falta de acuciosidad administrativa no salieron a la luz, y que legalmente debieran ser rectificados, lo que se espera haga el Tribunal de Compras.
El cártel de colusión de Altia
Uno de los vicios de que se tuvo conocimiento es una condena a Altia por ser parte de un cártel para ganar licitaciones públicas. Aunque fue condenado en España, tiene importancia en Chile pues lesiona el pacto de integridad en una licitación internacional como fue calificada esta por el mismo MinTrab.
El hecho consta de una sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España en que se condenó a 22 consultoras por capturar mediante pactos ilegales cerca de doscientas licitaciones públicas a través de todo el país. Entre esas consultoras está Altia, y a las cuales la autoridad española aplicó en total multas por más de 6 millones de euros. La explicación que se ha dado a esta objeción es que no estaban condenados en Chile, y que “la Subsecretaría del Trabajo tomó todos los recaudos e hizo todos los controles que la ley establece y así lo ratificó la Contraloría al tomar razón tanto de sus bases de licitación como de la adjudicación de dicha licitación” responde el MinTrab. Pero el problema es que, a diferencia de una licitación pública tradicional, en este caso las propias bases señalan que es una licitación pública internacional, y, por lo tanto, las inhabilidades deben ser evaluadas en su mérito, especialmente al calificar “experiencia”.
Según las autoridades españolas estas empresas intercambiaron información comercial y estrategias comunes para no competir al ofrecer servicios de consultorías a distintos organismos de la administración pública, dañando a entidades como el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; al Ministerio de Economía; y un centenar de organismos más durante unos 10 años.
Es decir, se trata de una empresa con una práctica pertinaz de delitos contra la fe pública, en este caso con los mercados laborales. Algo fundamental para administrar la Bolsa Nacional de Empleo.
Los falsos autónomos de Altia en España
Como si lo anterior fuera poco, la empresa Altia también ha sido sancionada en España por tratar de burlar el pago de derechos previsionales a trabajadores de su propia planta, haciéndolos figurar como “trabajadores autónomos”.
Sin reconocer su infracción y después que la Tesorería General de la Seguridad Social le obligase a «regularizar» en el régimen general a sus empleados omitidos, se esforzó por obtener precautorias judiciales para que ello fuera rechazado como ilegal y no constara en su expediente.
Pero este choque de Altia con la Tesorería General de la Seguridad Social de España lo perdió. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaminó que una suspensión de los actos administrativos de la Tesorería haría ineficaz la tutela judicial efectiva de los trabajadores.
La postura de Altia demuestra su bajo compromiso corporativo ético con la transparencia y equidad en el funcionamiento de los mercados laborales, lo que es altamente sensible para administrar una bolsa de trabajo que, generalmente, va vinculada fuera de subsidios de cesantía directos a trabajadores, a beneficios impositivos, actuales o futuros, para las empresas que concurren a él.
El ministerio, en un modo de “yo no fui”, señala que “En el rol de evaluadores de las propuestas recibidas, participaron otras entidades públicas, distintas de la Subsecretaría del Trabajo, como la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Previsión Social, el Ministerio de Hacienda, además de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía”.
Pero no dice que es el principal responsable. Y cómo tal, no da cuenta real de porqué se omiten las acciones de la Matriz de Operaciones de Altia, que está en España y es, como en toda empresa de operaciones transnacionales, la que lleva el control de la operación comercial de Altia en el exterior. Nada se dice por qué en una “licitación Internacional” calificada así por el propio ministerio, se omitieron los antecedentes que la inhabilitaban.
Con esa omisión, se puede acreditar experiencias que provienen de ilegalidades como formar parte de cárteles para adjudicarse licitaciones públicas, estar condenada por ello en su país de origen, y vulnerar gravemente el pacto de integridad que caracteriza a las licitaciones internacionales o, como también ocurre en este caso, dejar en el aire y sin apostillar o dar seguridad acerca de los trabajadores extranjeros que se prometen en la licitación (Anexo 15).
La pregunta que surge es si todo ello ocurre porque el mundo del trabajo en Chile es un bien menor tratado superficialmente por el poder político, o porque la indolencia administrativa oculta un regalo regio y burlesco para los trabajadores en su cumpleaños de 1° de Mayo.
