Por Gabriela Herra, cofundadora de Snap Compliance
El primero de junio se vence el plazo de la nueva normativa emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que exige a las empresas, actualizar e implementar sistemas de compliance robustos y efectivos. No se trata solo de un cambio técnico o de una modificación administrativa porque estamos ante un giro estratégico que redefine cómo las organizaciones deben gestionar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos económicos.
Esta nueva regulación obliga a empresas de sectores —como inmobiliarias, automotoras, casas de cambio, entre muchas otras— a contar con modelos de prevención del delito formalizados, respaldados por políticas, procedimientos y matrices de riesgo actualizadas. Ya no basta con tener un “manual en el escritorio”. Hoy, la exigencia apunta a la operatividad real del sistema: se debe demostrar que existe un compromiso efectivo con la prevención y que los mecanismos están activos, auditables y alineados con los nuevos estándares.
Una de las principales novedades es el refuerzo del enfoque basado en riesgo. Las empresas deberán identificar y evaluar sus riesgos específicos, por tipo de cliente, productos, servicios y canales de distribución, para luego establecer medidas proporcionales de mitigación. Esta lógica implica dejar atrás modelos genéricos o copiados de internet porque ahora cada organización deberá hacer su propia radiografía.
Un aspecto crítico, es la designación de un oficial de cumplimiento con atribuciones reales, que reporte directamente a la alta administración. Este rol ya no puede ser meramente decorativo o delegado a terceros sin conocimiento del negocio. La persona a cargo debe ser capaz de interactuar con las autoridades, liderar capacitaciones internas, coordinar auditorías y responder ante eventuales incumplimientos.
Además, la normativa refuerza la necesidad de tener canales de denuncia confidenciales, monitoreo periódico y reportes oportunos a la UAF. No cumplir con estos elementos puede acarrear consecuencias como multas millonarias o el cierre de operaciones, además de la exposición reputacional en medios y plataformas regulatorias.
Pero no todo es amenaza. Esta nueva exigencia puede y debe verse como una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional y mejorar la competitividad. Contar con un sistema de compliance sólido genera confianza en clientes, inversionistas y aliados estratégicos. En un mundo donde la debida diligencia es cada vez más relevante, estar al día con las obligaciones normativas deja de ser un “extra” y pasa a ser una condición para crecer y sostener el negocio en el tiempo.
En definitiva, el llamado es que las empresas deben actuar ahora y no postergar o minimizar su impacto. Afortunadamente, aún hay tiempo para implementar mejoras sustantivas, pero el plazo se agota pronto. El compliance dejó de ser una opción y se volvió una necesidad estratégica, transversal y por estos días urgente.
