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Ya 21 veces han intentado rematar 535 hectáreas urbanizadas en la región de Valparaíso, la última el 8 de abril. El precio por metro cuadrado es ochenta veces inferior al promedio en la zona. Pero nadie oferta, y el liquidador cobra ingresos en exceso por U$38 millones, no responde a las solicitudes de balances, no está al día en las conciliaciones. Pero en 12 años que dura el proceso, es el que más gana.
Un chiringuito es un “quiosco o puesto de bebidas al aire libre”, según la definición de la RAE. En España, donde asegura tener conexiones de alto nivel el abogado César Millán Nicolet, la palabra “chiringuito” es un negocio, un bar con aire de secreto bien guardado para personas escogidas, un espacio donde se puede tomar, comer y conversar en confianza.
Hace 12 años que Millán Nicolet montó “un chiringuito” en la Región de Valparaíso. Pero el negocio no es ni pequeño ni estiloso como el Chiringuito de Zapallar, ni más confiable o transparente. Por el contrario, está construido en base a una suma de acciones brumosas y poco elegantes, que tienen su escenario en Curauma. Concretamente, en una extensión urbanizada de 535 hectáreas, junto al tranque La Luz. Un conjunto de predios avaluados en más de US$500 millones ($500 mil millones de pesos, valores brutos). Desde 2013 Millán es el síndico en este proceso que partió con algunos acontecimientos y maniobras que al menos despiertan sospecha de manipulaciones globales. La quiebra de Curauma S.A, decretada mientras la firma buscaba recomprar los terrenos a EuroAmerica Seguros de Vida S.A, su principal financista, fue solicitada por un personaje ligado a la industria de los seguros. El abogado Julio Bustamante Jeraldo. Ex superintendente de AFP, Bustamante reclamó una deuda de asesorías, sin respaldo tributario ni pruebas de pagos pendientes, por un valor de $80 millones (¡de pesos!). Inexplicablemente la solicitud fue aceptada en el 2° Juzgado Civil de Santiago. Aunque el domicilio de Curauma está en la Región de Valparaíso. En diciembre de 2013 el tribunal santiaguino designa como síndico a César Millán Nicolet
Estrés laboral
Este es un apretado compendio de la serie que al cabo de 12 años todavía no termina, y en el centro del pantano está César Millán Nicolet. Este lapso ha sido más que suficiente para dibujar su perfil profesional. Millán declara residencia en España y en Chile. Figura en un bufete de Madrid – Belzuz Abogados-, donde es imposible ubicarlo. Su nombre aparece en el rimbombante consejo asesor de una entidad empresarial, el CIAPI, ligada a la Secretaría General Iberoamericana, (SEGIB) que preside Andrés Allamand y que financia el Estado Español. En esa vuelta larga, aparece César Millán Nicolet, junto a representantes de grandes compañías constructoras de la península, como Azvi u OHL. Aunque Millán en ese consejo representa a la inmobiliaria que lleva sus iniciales (CMN), con un capital de 3.100 euros hasta mayo de 2021, año en que tuvo un aumento sorpresivo a 775 mil euros de capital.
También de España son los certificados médicos que le presentó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) cuando la autoridad pidió a Millán, responder a una fiscalización al proceso de Curauma, que al cabo de 12 años, todavía no termina. La superintendencia descubrió cotizaciones impagas, balances y conciliaciones bancarias incompletas, honorarios cobrados en exceso por $38 millones, sin aviso ni autorización de los acreedores, entre otras infracciones. Similar con el extravío de $47 millones destinados a ser invertidos, y que forman parte de un proceso sancionatorio en curso que se abrió a partir de estos hallazgos.
Para justificar sus problemas, César Millán presentó certificados médicos a su nombre, que fueron extendidos en España por Carlos Nazir Diuana, acusado en Chile por ejercicio ilegal de la profesión. En Chile, Nazir, amigo del síndico Millán, fue descubierto por un equipo de Canal 13 usando un departamento como consulta médica, donde ofrecía inyecciones de testosterona entre otros procedimientos urológicos. Nazir salió de Estados Unidos luego de enfrentar un escándalo por venta en televisión de sustancias no autorizadas. Los certificados a nombre de Millán, agregados al proceso en la superintendencia, de julio y septiembre de 2017 consignan “otitis media, posiblemente bacteriana o viral y estrés laboral”.
Más recuperado César Millán organizó el 8 de abril de este año el intento número 21 de rematar los terrenos de Curauma. Paralelamente mantuvo un litigio con una de las sociedades que constituye la cadena de supermercados Unimarc por el uso de la marca “Chelazo”. Millán, en una disputa que aún no se resuelve, alega que él es el dueño de la marca “Chela” y “Chelita” hasta 2030. Además, se ha dedicado sin éxito a defender su marca frente a otras inscripciones como la marca “mix chelada”. Es entendible que busque trabajo en otros frentes, porque renunció a participar en el registro de liquidadores, o síndicos a partir de febrero de 2020.
Pero como el proceso de Curauma no termina, en este caso, Millán sigue en su puesto, “pues la ley se lo exige” y es el gran chiringuito, de los que hasta ahora son de origen público, que le quedan. Pues el presidente de la Junta de Acreedores es el representante de la Tesorería General del Estado. Y que acepta impasible el precio base requerido por Millán en los remates, que en ningún caso favorecen a los acreedores de Curauma.
Ofertas increíbles
A partir del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) el predio de 5.350.000 metros cuadrados se emplaza como urbe planificada con acceso a la Ruta 68 y dotada de infraestructura comercial y educativa. El PREMVAL habilita el área para desarrollos residenciales e industriales, a 103 kilómetros de Santiago, y en un contexto de escasez de suelo urbanizable.
Hasta un gestor inmobiliario principiante podría advertir que, valores brutos, 535 hectáreas en esta ubicación valen un poco más de UF 100.000, equivalentes a menos de $4 mil millones de pesos. Pero esa fue la oferta publicada por el síndico, en el intento número 21 de rematar los terrenos. En términos técnicos de la industria inmobiliaria suena irrisorio el precio de 0,0187 UF el metro cuadrado. Al contado, $727 el metro cuadrado. En la zona que corresponde al PREMVAL, vale, en promedio 1,5 UF ($58.341) el metro cuadrado. Parcelas urbanizadas en el sector se venden a 2,7 UF ($105.013) el metro cuadrado, en promedio. En el puerto de Valparaíso el promedio es más alto 60 UF ($2.333.640) el metro cuadrado. Todo en valores brutos.
Las cifras están fuera de cualquier rango de mercado. Son extrañas como la presencia de Millán en un estudio de abogados en Madrid o el certificado médico extendido por su amigo, Carlos Nazir, colegiado en Málaga. La oferta es 80 veces inferior al promedio local, 144 veces menor que los sitios urbanizados, y 3.209 veces por debajo del mercado residencial.
A 1,5 UF/m², el terreno valdría UF 8.025.000 o sea $312 mil millones de pesos; mientras que en el promedio más bajo a 0,5 UF/m², valdría UF 2.675.000 o sea $104 mil millones.
Esta discrepancia—de UF 2.575.000 ($100 mil millones) a UF 7.925.000 ($308 mil millones)— representa una pérdida económica colosal de patrimonio. En el estado actual de las cosas, los acreedores pueden ver afectado su derecho constitucional a la propiedad, descrito en el artículo 19, número 24.
El 2° Juzgado Civil de Santiago, donde se tramita la quiebra, no tiene en su poder tasaciones independientes que puedan cuestionar una oferta muy por debajo de los precios de mercado. Todo parece una estrategia deliberada sobre la cual hay un par de pistas.
En enero de 2013, meses antes de ser designado síndico en esta quiebra, César Millán viajó de vacaciones a Punta del Este, con Nicholas Davis, presidente de EuroAmerica.
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. es el principal acreedor de Curauma, al suscribir el financiamiento para el proyecto en 2004. Esa compañía pasa por momentos complejos. A partir de su protagonismo en la crisis de colusión de los casinos Enjoy, donde es la principal accionista. En el caso de Curauma, la inmobiliaria acusó la venta de los terrenos de forma unilateral a una de sus filiales, aun cuando existía un acuerdo para que Curauma ejerciera su opción de recompra. Ese litigio y sus medidas precautorias pendientes hacen que cualquier venta sea un nudo, eventualmente una estafa, según el artículo 473 del Código Penal.
