Frente a la reciente aprobación en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados del proyecto que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable —y que podría ser votado por la Sala de la Cámara de Diputados este lunes 14 de abril— la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hizo un llamado urgente a la responsabilidad legislativa, apelando a un debate riguroso que considere los impactos reales de esta medida sobre la economía y el empleo.
Según datos de la CCS, el cierre del comercio durante ese día, además de sumarse a los 8 feriados obligatorios de este año, podría traducirse en una pérdida de ventas de entre US$ 170 y US$ 200 millones, lo que representa cerca del 4% de las ventas de abril y un potencial impacto de hasta 0,5 puntos en el IMACEC del mes. El gremio recordó que estas cifras no solo afectan al sector, sino también a la recaudación fiscal, a la generación de empleo formal en el país y a otras actividades conexas, como el turismo que suele recibir a visitantes extranjeros que llegan a Chile con el propósito de realizar compras en el comercio.
La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, sostuvo que muchas empresas cuentan con acuerdos con trabajadores que deciden voluntariamente operar durante ese día, lo que permite equilibrar la actividad comercial con el respeto a la vida personal y espiritual. En ese sentido, manifestó que “parecería poco serio retroceder en ese tipo de consensos, especialmente en un escenario económico donde cada punto de crecimiento cuenta y es clave para atender justamente las necesidades sociales de las familias en Chile”.
Vial también pidió “legislar con rigurosidad, con mirada de país y considerando los efectos agregados que podrían abrir la puerta a decisiones superficiales que desconocen y no valoran adecuadamente la realidad de personas que se ven beneficiadas en sus ingresos y su calidad de vida por la apertura del comercio en esa fecha particular”.
La CCS subrayó que el debate sobre feriados debe incluir a todos los actores y considerar la diversidad de creencias y realidades laborales del país. Asimismo, reiteró la necesidad de proteger el empleo formal, que ya enfrenta un escenario desafiante, con una tasa de desocupación del 8,3% y más de 2,4 millones de personas en condiciones de informalidad.
“Nuestra economía enfrenta un año complejo, con desafíos que demandan unidad y decisión para enfrentar un escenario externo particularmente complejo, que nos sorprende con débil crecimiento, baja productividad y alto desempleo, y medidas como estas aparecen desconectadas de esta realidad”, agregó la dirigente.
“El país necesita certezas. Nuestros representantes deben estar a la altura de la responsabilidad que implica su mandato, evaluando a fondo los efectos de las leyes que aprueban. Esto es especialmente relevante en momentos de inestabilidad económica e incertidumbre internacional, donde cada decisión legislativa puede marcar la diferencia para miles de familias”, concluyó Vial.
