Señor director.
Haciendo eco del artículo publicado el pasado 12 de marzo por el abogado y periodista Santiago Escobar Sepúlveda, y esperando contar con su autorización, me he permitido extraer y adaptar partes de su contenido, para efectos de visibilizar la cacería de brujas que hoy impulsa el Servicio Agrícola y Ganadero.
Un deber esencial del Estado es la protección de los ciudadanos, acogiendo sus peticiones y atendiéndolas a través de los actos administrativos que realizan sus Órganos, donde se esperaría que sean ejecutados con total apego a la legalidad, con requisitos únicos en todo el territorio nacional.
Lamentablemente, en el SAG, la legalidad de algunos de sus actos administrativos, es apenas existente. Mediante una serie de Resoluciones Exentas eluden o vulneran la Constitución, las Leyes y Decretos que regulan al propio Servicio y sus actos. Particularmente el procedimiento para solicitar la certificación de subdivisiones rústicas, cuando la solicitan los herederos de un predio, o las empresas agrícolas que, por seguridad de sus inversiones, buscan separar los roles. En estos casos, el SAG incurre en una serie de arbitrariedades, abriendo una enorme brecha de incertidumbre y decisiones sujetas casi por completo al [des] criterio de los funcionarios y sus jefaturas.
Los actos de control de sus jefaturas, o de la Contraloría General de la República, cuando se efectúan, no producen protección ni certeza a los ciudadanos, ya que dichos Órganos se consultan y validan entre ellos y nunca certifican decisiones fundadas exclusivamente en la especie analizada, sino que mezclan y citan situaciones que, una vez revisados, resultan no ser ni remotamente homologables al caso. En materia de legalidad, los interpelados se escudan amparándose exclusivamente en alguna resolución exenta, como la abusiva 4.788-24 (SAG), ignorando todo el resto del sistema legal que rige tanto los actos administrativos como el propio actuar de los Órganos y los funcionarios del Estado. La única coherencia que se aprecia en sus resoluciones es una suerte de colusión estatal que pareciera tener como objetivo limitar o impedir que el ciudadano retenga el derecho a ejercer todas las facultades del dominio de su propiedad, que la Constitución y el Código Civil le garantizan.
Así, objetando arbitrariamente las solicitudes, resolviéndolas con un impresionante sesgo y liviandad legal, y sin la aplicación de las sanciones que correspondan en su oportunidad, la responsabilidad pública de la CGR y el SAG se desvanece, se profundiza el problema y, en este último Órgano, se fomenta la proliferación de funcionarios ímprobos, indolentes y abusivos, que causan perjuicio a los particulares y recargan la burocracia estatal, donde gobierna el descriterio más brutal siempre en desmedro del ciudadano.
Basta ya, señores SAG.
Basta ya, señores CGR.
Adolfo Loayza Huerta
Arquitecto U. de Chile.
