Con la designación de Luis Cordero como el primer ministro de Seguridad Púbica quedó semi lista la instalación del ministerio correspondiente, cuya Ley orgánica N°21.730 entra en vigencia este 1° de abril de 2025.
Vieja aspiración supuestamente idónea para mejorar la seguridad interior del país estuvo en el programa presidencial de Michelle Bachelet, el año 2005. Instalada ya como presidenta de la República, ella designó a José Antonio Viera Gallo “encargado del equipo Asesor de Gobierno en Seguridad Ciudadana” para sacarla adelante. Veinte años después, a punto de entrar en operación, todavía hay que llenar una planta burocrática que, tal como se acostumbra en el país, tiene hasta Toma de Razón en la Contraloría como fundamento.
Nadie sabe si realmente mejorará las condiciones de seguridad ciudadana en el país. Menos aún en qué plazo. La crisis institucional de inseguridad y corrupción que afecta al país en todos los ámbitos del Poder Judicial y la aplicación de justicia son un primer gran obstáculo. Lo es también el descontrol del crimen organizado cuya profundidad no se conoce ni sospecha, con una policía con graves deficiencias y un ministerio Público encargado de la persecución penal altamente deficitario y cuestionado en temas de probidad.
La capacidad de hacer una predicción relativamente acertada es aún peor si se considera las demasiado numerosas acciones y funciones de coordinación asignadas al nuevo ministerio.
En el marco de una Política Nacional de Seguridad Pública (¿?) el nuevo ministerio tendrá un papel central en el Sistema de Seguridad Pública (¿?), en el que habrá un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Consejo Nacional de Prevención del Delito, 16 Consejos Regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, una Subsecretaría de Seguridad Pública, una Subsecretaría de Prevención del Delito, y 16 Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública (Seremis). Deberá, además de atender la relación con Carabineros, la PDI, y coordinarse con Gendarmería (tema penitenciario) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para una inteligencia que no existe, coordinarse intersectorial con ministerios clave como Interior en las funciones que no absorbió de este; de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Vivienda, Educación, Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género y Salud, entre otros. Todo para poder planificar e implementar políticas integrales de seguridad. En temas como fronteras, migraciones, prevención y programas comunitarios, reinserción, violencia de género y delitos asociados, salud mental y consumo de drogas, y muchos más. Fuera de desarrollar vínculos con gobiernos regionales, municipios y organismos autónomos y, que no quede en el tintero, la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Una de sus funciones básicas sería encargarse de formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas.
Sobre ello, a manera de ejemplo, vale la pena hacer una reflexión breve sobre el doble y pesado camino que deberá andar para avanzar en este último objetivo. El Poder Judicial de Chile, fuertemente golpeado por la corrupción en los niveles más altos de la magistratura y por la obsolescencia de sus sistemas de control interno, no cumple con ninguno de los lineamientos básicos de ciberseguridad obligatorios por Ley en el Estado de Chile. No tiene ni una memoria digital segura, integra y continua, carece de procedimientos auditados de seguridad en la distribución de causas y la programación de tribunales, entre otras graves fallas. Pero al ser Poder Autónomo del Estado, el Poder Judicial ni siquiera permite el control de sus gastos, sean corrientes o excepcionales. Ellos no pueden ser auditados externamente. Tampoco responde a los requerimientos ciudadanos de igualdad ante la ley y exhibe graves omisiones y falta de transparencia en sus acciones. ¿Cómo se acoplará a una estrategia frente al crimen organizado?
La seguridad y la justicia en esta relación no tendrán ni un vínculo pacífico ni convergerán fácilmente en una acción coordinada, por más que exista un ministerio de Seguridad con un ministro que ya lo fue de Justicia y que, por lo tanto, conoce los problemas y las relaciones con el Poder Judicial.
La pregunta de fondo es con cuántas situaciones autonómicas extremas de esta naturaleza deberá enfrentarse el nuevo ministerio para poder echar a andar las competencias reales. Como la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial, Cicpol destinado a identificar situaciones de riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y facilitar el intercambio de información entre sus integrantes y otras entidades públicas y privadas, careciendo, como se sabe, de inteligencia estratégica real, en un ambiente donde el hábito de coordinación y confianza entre las instituciones de seguridad no existe.
Solo el tiempo lo dirá. Pero es de esperar que no sean otros 20 años.
