Miguel Ángel San Martín, desde Madrid
El pasado martes 25 de febrero, Chile vivió una situación grave, sin precedentes. Quedó sin energía eléctrica en una enorme extensión territorial, desde la Región de Arica y Parinacota, hasta la Región de Los Lagos. La situación tan delicada motivó que el Gobierno adoptara la decisión de declarar el Restado de Excepción, con toque de queda nocturno. Se calcula que unos 8 millones de hogares chilenos resultaron afectados con dicho corte de energía.
Según informaciones técnicas confiables “El apagón eléctrico se produjo por la caída del suministro en una parte del sistema de transmisión, a cargo de la empresa ISA, que opera con participación estatal mayoritaria colombiana, que derivó en una grave y prolongada suspensión del servicio desde la frontera norte hasta la región de Los Lagos. La línea afectada por una falla interna de operación está ubicada entre Vallenar y Coquimbo, lo que provocó la desconexión de la línea de transmisión Cardones-Polpaico y luego un corte masivo en todo el sistema interconectado”.
En consecuencia con esta explicación, queda clara la responsabilidad directa de la citada empresa, que es filial de la empresa estatal colombiana Ecopetrol. A la vez, esta es una empresa que está en entredicho, puesto que no ha completado su inversión comprometida en el sistema de transmisión. Y, como si fuera poco, el software de reposición del servicio eléctrico a cargo de la empresa Transelec que pertenece a fondos canadienses y chinos, falló tres veces…lo cual también es grave. Esta empresa, dicho sea de paso, ganó cerca de 10 mil millones de pesos a septiembre del 2024, un 529,1% más en relación a septiembre de 2023, según reportó la Fundación Sol.
Comprobados todos estos antecedentes, la politiquería se apoderó de nuevo de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Una de las voces más escuchadas, fue la de Evelyn Matthei, postulante de la derecha dura a la candidatura a presidenta de la República en las próximas elecciones del 16 de noviembre. Con un desparpajo censurable, calificó como “responsabilidad del Gobierno y de sus funcionarios” el corte de la energía eléctrica. Y agregó que esto se debía “a la permisología, al fundamentalismo ambiental y a una hostilidad permanente contra los privados que bloquea las inversiones”.
Estas expresiones de una persona que aspira a ser presidenta de la República deben ser censuradas por ridículas e irresponsables, ya que desprestigian al país en general y sólo buscan favorecer a las empresas monopólicas que desean ampliar sus ya enormes beneficios económicos, sin contemplar la prestación de un servicio eficaz y moderno a la población.
Sabemos que las posiciones ultras de la derecha chilena copian a sus colegas de otros países, como Estados Unidos, Italia, España, Alemania y buscan el acoso y derribo de los gobiernos que llegan al poder mediante elecciones democráticas. Para ello, utilizan todos sus recursos comunicacionales para difundir mentiras, engaños o falsas verdades. Es una estrategia común que se lleva a cabo globalmente, preparada y puesta en práctica por aquellos que tratan de destruir la democracia cuando no les sirve para sus intereses personales o de grupos.
La tergiversación de la realidad, el desprestigio del rival y la utilización indiscriminada de la mentira como arma política, lo único que busca es paralizar la acción gubernamental de sus rivales y mostrarnos una realidad ficticia, engañando a los ciudadanos.
Todo esto colma la paciencia de la gente de bien. Debemos combatir estos extremos mediante la unidad de acción y dar las respuestas contundentes a las situaciones que se van produciendo en el contexto de nuestra vida cotidiana. Además, debemos prestar atención a las posibilidades que nos otorga el sistema democrático y utilizar las urnas para sepultar a estos ultras mentirosos.
