El fraude electoral de Nicolás Maduro y su nuevo período como presidente de Venezuela, ante la impotencia de sus ciudadanos y la comunidad internacional, consolida a ese país como un estado de gobierno ilegítimo y a sus altos cargos institucionales como una red ilícita criminal.
La principal actividad de ese gobierno hoy no es generar bienestar para sus ciudadanos, sino conservar su poder ilegítimo para vender amparo y tolerancia estatal a una variedad amplia de actividades criminales que incluyen narcotráfico, contrabando de minerales y tráfico de combustibles, entre otras. Es inevitable que ello genere impactos negativos en la gobernabilidad democrática de la región, además de la imposibilidad de recuperación democrática de la sociedad venezolana.
La pregunta que surge es qué actitud política y diplomática debe tener Chile frente a un estado que ha expulsado a su embajador, y se yergue, por distintos hechos y actitudes, como un riesgo de nuestra seguridad nacional y la de todo el continente.
En Venezuela son evidentes los vínculos gubernamentales con grupos criminales en una relación casi simbiótica y de ayuda mutua que permite que estos operen con libertad o incluso protección en el territorio venezolano. A condición de que compartan las ganancias criminales con los actores políticos y militares leales al sistema, o se sometan a las decisiones tácticas de la cúpula del gobierno, cuando se requiere reprimir a la oposición política interna o incomodar a los vecinos.
Según declaró el destacado politólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia Roberto Briceño-León “es inevitable que la tensión de base de la sociedad evidenciada en las elecciones de julio, obliguen al régimen a recurrir a grupos irregulares nacionales y extranjeros para ejercer el control político”. Seguridad mafiosa.
Nada indica que la situación interna de Venezuela cambie en el corto plazo. La dictadura controla todos los resortes institucionales internos para impedir la articulación política de la oposición, y si quisiera cambiar tiene un costo muy alto por aceptar dejar el poder. Tanto político como económico.
El comercio de cocaína le ofrece ingresos significativos. Su tráfico en el país no es nada nuevo, pero ha ampliado el negocio a carácter de productor. Las plantaciones se han multiplicado a lo largo de la frontera con Colombia, con una sólida infraestructura para la industria en zonas protegidas tanto por los carteles como por las fuerzas guerrilleras colombianas renuentes a los tratados de paz de 2016. Todo con la explicita aceptación del régimen de Maduro que cuida el status quo. El acceso de Zulia al Caribe a través del Lago de Maracaibo y la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido ese estado en un nodo para el despacho de cargamentos de drogas hacia Centroamérica y el Caribe. A esa región se agrega casi todo el Apure. Todo a tiro de cañón de EE.UU.
Tan grave es la situación que en 2019 el general Aquiles Lapadula Sira, quien ejercía como comandante de las fuerzas del ejército en Zulia, no pudo ser sostenido por el régimen y debió ser encarcelado por narcotráfico y tráfico de precursores químicos.
El gobierno norteamericano estima que anualmente se trafica por Venezuela entre 250 y 300 toneladas de cocaína, lo que equivale a un 15 o 20% de la producción global estimada por organismos internacionales.
El problema no radica solo en las violentas bandas criminales entre las que se cuentan el Tren de Aragua, el Tren del Llano, la mega banda de San Juan de Unare y Los 300, que mueven el grueso de la cocaína dentro y fuera del país. El problema radica en que son los actores estatales, es decir el gobierno u organismos que lo componen, quienes modelan y controlan el mundo en que las bandas operan. Y, en este contexto, los traficantes dependen del acceso que tienen a las redes controladas por el Estado y de las ventajas que ese acceso les da. Entre ellas, canales de lavado del dinero proveniente de la droga y canales financieros formales. El centro primario de esta operación financiera estaría en Colombia.
En este contexto la pregunta que surge es que actitud política y diplomática debe tener con Venezuela un Estado como Chile, independientemente de estar saturado de inmigrantes de ese país. Pues está el riesgo que ingrese dinero sucio al poroso sistema financiero nacional, cuyo controlador, la CMF, ha debido enfrentar severas críticas.
Venezuela verá crecer sus problemas. Una nueva ola migratoria propiciada por la dictadura, el aumento de los vínculos de Maduro con los intermediarios internacionales ilegales del petróleo y las redes de contrabando de oro y otros metales, el aumento de las operaciones de guerrilleros colombianos en su territorio y el fortalecimiento del narcotráfico serán parte de los temas. Lo más probable es que Maduro, para controlar todo eso, deberá aumentar la regulación gubernamental de las economías y actores criminales que las gestionan, ampliando el contacto de la red estatal con las redes criminales.
El resultado inevitable de todo lo anterior será una capacidad casi infinita de contaminar la paz y la seguridad en toda la región, y la consolidación del modelo híbrido criminal del Estado venezolano. La Moneda y la política tienen la palabra final. La diplomacia es solo un mecanismo de la política y el gobierno.