Hernán Guerrero S.
En una formulación simple, las reglas que nos ponemos los humanos están destinadas a regular la convivencia y a impedir o favorecer ciertas prácticas que realizamos o queremos realizar. Con esta mirada un grupo transversal de senadores ha propuesto una reforma constitucional “corta” al sistema político y de elecciones para evitar prácticas parlamentarias que no ayudan a la gobernabilidad. Visto desde la óptica de las prácticas que favorecería resulta muy sorprendente lo que propugna la reforma.
En primer lugar propone que se mandate al Servicio Electoral a que actualice, cada diez años, la asignación de los escaños de diputados entre los distritos electorales existentes, sin que esta actualización modifique en ningún caso el número de diputados totales. Esto permitirá que los distritos cada 10 años cambien el número de diputados que lo representan, de manera que los distritos cuya población aumente proporcionalmente respecto a otros distritos reciban un cupo mayor de diputados que los que tenían en el decenio anterior. Esta práctica parece razonable para favorecer una mejor representación de los habitantes de un distrito en crecimiento poblacional, pero como además la reforma receta que el número total de diputados no puede aumentar, si esto ocurre, significará que un distrito perderá diputados para favorecer al distrito cuya población aumentó. En este caso, a menos que los senadores proponentes piensen que habrá distritos que disminuirán en población absoluta, se estará penalizando a los habitantes del distrito que deba ceder un representante en favor de aquel que aumentó su población total. No es forzar mucho las cosas suponer que los grandes núcleos de población crecerán más que los aquellos de menor población y en consecuencia se concentrarán más diputados en las grandes urbes, en particular en la Región Metropolitana. Esto en vez de proponer que cada distrito tenga un diputado por cada cierto número de habitantes. Por lo demás el aumento de la poblacion no augura un crecimiento explosivo, por lo que tampoco crecería de manera significativa el número de diputados.
En segundo lugar, propone que sólo los partidos que alcancen el 5% de la votación válidamente emitida podrán obtener los escaños de diputados que hubiesen ganado en la elección. Adicionando que los votos emitidos a favor del partido que no alcance el 5% se asignarán proporcionalmente a los partidos del pacto del que forman parte que sí lo alcanzaron y servirán para aumentar el número de diputados que elijan los partidos que sí serán reconocidos. Con ello eliminarán los partidos regionales, en un país que requiere a todas luces una mayor descentralización. Esta medida además expropia los votos de los partidos o listas que no alcancen el 5% nacional en beneficio de los grandotes del pacto que si lo obtengan. Una propuesta más justa para las regiones sería establecer que el 5% se mida respecto del padrón electoral de los distritos de la región en la que se postula y que los votos de los partidos que no alcancen el 5% simplemente no se cuentan a efecto de asignar los parlamentarios a elegir. No hay que ser muy imaginativo para colegir el surgimiento de malas prácticas que favorezcan que los partidos nacionales estimulen la creación de partidos locales que les alleguen votos a su pacto, en la certeza que no reunirán el 5% nacional y se queden con sus votos.
En tercer lugar, proponen eliminar las listas de independientes obligándolos a ir en listas de partidos. A todas luces buscan darle rango constitucional a la práctica asentada de llevar independientes de tramoya en las listas y pactos partidarios. Ciertamente la elección de los delegados de la Convención Constitucional mostró que permitir múltiples listas de independientes trajo aparejada una serie de prácticas indeseadas, pero ello no es razón para que no pueda haber una lista de independiente en cada distrito que agrupe a todos los candidatos independientes que cumplan el requisito de firmas para postular, a la que se aplique el criterio del 5% valido para los partidos regionales. Impedir la participación de independientes, independientes de verdad de los partidos, no parece una buena alternativa para fomentar la participación política.
En cuarto lugar, proponen que el diputado o senador que renuncie al partido o se afilie a un partido diferente del que lo cobijo para obtener el escaño debe perderlo, manteniendo el partido que lo cobijo la prerrogativa de nombrar a su sucesor para completar el periodo. Si lo que se quiere es reforzar la práctica que los partidos se imponen a la voluntad ciudadana expresada en la elección respectiva, tiene sentido. Si lo que se quiere es respetar la voz de los votantes, parece más razonable que sea sustituido por el miembro de la lista parlamentaria que lo cobijo con mayor número de votos que no fue elegido. Lo que de paso desincentivaría la tentación en las cúpulas partidarias de propiciar la renuncia de parlamentarios para nombrar uno persona que les acomode mejor y que no ha ido a elección alguna.
Mas allá de lo que nos proponen los senadores, es paradojal que los senadores receten cambios a la elección de diputados y no a su propia elección, salvo en lo que se refiere a los cambios de afiliación partidaria. Sin embargo, lo más llamativo son las ausencias en la propuesta de reforma, donde a mi juicio, están los nudos a destrabar para que dar fluidez al sistema y restringir el espacio para las prácticas que se busca eliminar.
Entre las ausencias omite pronunciarse sobre tres reglas que buscaron mantener el binominal a pesar la reforma aperturista del 2015 y que están en la base de las malas prácticas que llevan a fragmentación y la individualización en el juego parlamentario que afecta a tanto a la Cámara como al Senado. Estas son la existencia de pactos, las primarias con financiamiento estatal y el financiamiento otorgado a los candidatos individualmente. Las dos primeras deberían ser suprimidas y la última modificada. Los pactos favorecen la emergencia y mantención de partidos pequeños y la elección de candidatos con votación mínima como lo muestra el actual parlamento, además de rigidizar la reconfiguración de coaliciones o mayorías parlamentarias para conseguir gobernabilidad por la vía de mantener el corsé del pacto electoral. Distinto sería si cada partido enfrentara la elección sólo, obteniendo los parlamentarios que la adhesión conseguida le permita y con esta base, construir las coaliciones oficialistas y de oposición. A su vez las primarias son un complemento para mantener los pactos ya que resuelven las tensiones internas que les producen la nominación de candidatos, y evita que emerjan díscolos en las elecciones uninominales, pero hoy no se justifican ya que en un sistema con segunda vuelta la primaria es la primera vuelta, menos aún en uno sin pactos. El financiamiento a los candidatos de manera individual entrega sustento a la individualización de la acción política parlamentaria.
A la eliminación de las primarias con financiamiento estatal se podría agregar que la segunda vuelta se extienda obligatoriamente a todas las elecciones uninominales, como la de alcalde, y sea solo dos semanas después de la primera. La tecnología existente permite imprimir y distribuir votos sobradamente en ese plazo, evitando convertir la segunda vuelta en una elección diferente, al reducir los tiempos y espacios para hacer una nueva campaña y reconfigurar las propuestas políticas de la primera vuelta, se trata sólo de resolver entre las primeras mayorías. Adicionalmente si se quiere favorecer el arraigo regional y limitar la posibilidad a candidatos enviados del centro, se podría establecer el requisito que para ser candidatos a senador se tenga que haber nacido en la región que se busca representar o, en su defecto, haber sido electo al menos durante ocho años en cargos de elección popular en la región respectiva. Lo mismo podría extenderse a los candidatos a Gobernador Regional, estableciendo como regla el arraigo regional que pareció privilegiar la ciudadanía en la última elección.
Buscar evitar la ingobernabilidad es una urgencia, pero hacerlo con reformas “cortas” con un solo ojo, como la propuesta de los senadores, no deja de oler a aprovechar esta necesidad compartida para replantear una regresión con tendencias centralizadoras y binominalistas, en vez de hacerlo dando mayor fluidez al sistema. Espero que el gobierno de Boric no se vea en la encrucijada de tener que promulgar una reforma que puede ser tanto o más negativa para hacer políticas públicas consistentes que tomen tiempo, como las a favor de la equidad y de un crecimiento con desarrollo inclusivo, como haber reducido el periodo presidencial a cuatro años, aparentemente por buenos motivos.