Los hechos de que da cuenta la investigación criminal cuyo sujeto principal es el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indica la existencia de un descontrol institucional total en la política pública de seguridad.
Por cierto, la protección de la víctima, las reglas del debido proceso y la igualdad ante la ley son lo principal. Pero en el caso Monsalve también se trata de un incriminado que ostentaba el cargo de mayor jerarquía político-operativa en materia de seguridad del país. Lo que inevitablemente abriría un curso de colisión de responsabilidades, por el amplio poder que el acusado tenía en la coordinación de los órganos policiales.
La investigación además de los hechos significativos que ha identificado -todavía sin formalización- pone en evidencia los vacíos e incapacidad de la administración de esta política pública, lo que compromete la inteligencia del Estado y el manejo del orden público en la seguridad nacional. Inteligencia y seguridad son responsabilidad política directa del Estado de Chile y lo que queda en evidencia hoy es la incapacidad de la elite política para manejar con criterio, celeridad y prudencia una crisis real de seguridad.
Muchas cosas son evidentes en el caso Monsalve. La primera es que la denuncia inevitablemente generaría dos cursos de acción simultáneos: una investigación criminal contra Monsalve y un control político del suceso de parte del gobierno atendida la persona del inculpado. Quien debía apreciar esto era la jefatura política de Monsalve, es decir Carolina Tohá y el jefe de todos los jefes Gabriel Boric. Hacerlo no era competencia del Ministerio Público, aunque ni a Armendáriz, fiscal de la causa ni a Ángel Valencia, Fiscal Nacional, podía pasarles desapercibida la gravedad de los hechos para la seguridad nacional.
Identificados los cursos de acción simultánea, la primera decisión, automática, debería haber sido no entorpecer o menoscabar la investigación criminal, darle todo el apoyo a la Fiscalía en su investigación, y cesar de inmediato al acusado en su cargo para cerrar acciones de riesgo que contradijeran lo anterior. Nada de esto se hizo, se permitió que la responsabilidad pública se mezclara de forma ambigua con hechos privados -eventualmente delitos- con el broche de oro presidencial de entregar una versión incompleta a la prensa sobre “cómo se enteró el gobierno de los hechos”, de manera improvisada, casi inconsciente de lo que se decía y de la calidad en que hablaba.
Lo que sigue en materia criminal deberá esperar los tiempos que marque el Ministerio Público, que decidió una investigación secreta por 40 días con Monsalve en su casa y a la espera que la Fiscalía mueva el escenario. Si hubo delito, reiteración, alteración de pruebas, uso impropio de bienes fiscales, órdenes ilegales a la PDI o uso indebido de la ley de inteligencia, lo determinará un tribunal. Son hechos graves que probados condenarían a Monsalve. Lo que está fuera de dudas es el descontrol de seguridad y que nadie supo lo que había que hacer luego de la denuncia. No hubo percepción ni control legal de la crisis una vez desatada, lo que es responsabilidad política del gobierno.
En esta perspectiva el gobierno está desenfocado y el Estado, catatónico. Monsalve le habría dicho al presidente que temía que fuera una extorsión, porque no se acordaba de nada de lo sucedido en el hotel la noche del 22 de septiembre. Lo mismo le señaló al fiscal Armendáriz.
¿Es decir, el máximo encargado político-operativo de la seguridad del país declara haber estado fuera de la realidad por varias horas, sin escolta oficial y nadie se preocupa o toma conciencia de que algo extraño ocurría? Más aún, cena en compañía de una mujer en un local público, vuelve al hotel con ella, pasan toda la noche juntos, al día siguiente no asiste a una actividad oficial importante y da parte de enfermo, ¿y todo ese escenario -eventual crimen de violación por medio según denuncia la acompañante- demora casi 20 días en develarse?
La pregunta surge espontánea: ¿Qué clase de seguridad e inteligencia tiene el país? ¿Cómo depositar el mando de la seguridad en una persona que se maneja con la laxitud de Monsalve en medio de la ola criminal que aqueja al país? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad entre autoridades o cuál conciencia de riesgo tienen ellas en relación a sus responsabilidades? Dado lo actuado por Tohá, por el Presidente Boric y el propio Monsalve, ninguna conciencia.
Todos los días hay situaciones de criminalidad en el país. No en vano la seguridad es la principal preocupación ciudadana. Pero no todos los días el principal encargado de la seguridad del país se comporta, según la denuncia, como un fauno erotizado por el alcohol y acomete una agresión sexual y luego dice que no se acuerda. Tampoco todos los días queda en evidencia la porosidad y descoordinación del sistema de investigación penal, y la ineficacia de los medios y protocolos de prevención, que no sirven prácticamente para nada.