Por Miguel Ángel San Martín, desde Madrid
No, señores políticos. Por definición, la Democracia es el cauce preciso que debe ejercer el pueblo para mantener una relación social dentro de los marcos del crecimiento, del progreso y de la paz social Y eso es desde que hace varios siglos la inventaron los griegos para desarrollar dicha convivencia en forma inteligente y pacífica. Esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero parece que a algunos no les conviene leerlo, escucharlo y aprenderlo y mucho menos, practicarlo.
os políticos son los representantes del pueblo. Son elegidos por el pueblo para representarles, para lo cual se establecen ideologías, métodos y formas de ejercer la actividad política. Por lo tanto, no es de recibo que aquellos que recibieron el encargo popular de gobernar en su nombre, cambien o manipulen las reglas del juego, el ideario programático aceptado, basados en sus conveniencias particulares o de grupos. Tampoco se acepta que algunos políticos convenzan malévolamente a un grupo de sus colegas para conseguir pequeñas mayorías ocasionales, aprovechando momentos coyunturales. Eso se llama oportunismo.
Estimo que no se puede conseguir pequeñas o grandes victorias electorales, mediante la judicialización de la política. Porque la Democracia establece normas de actuación muy claras y certeras para definir la labor de cada estamento de la gobernabilidad social.
La política está para aportar ideas que permitan hacer las leyes más adecuadas para avanzar en el desarrollo del pueblo, respetando los intereses mayoritarios del mismo pueblo y en un momento definido de la convivencia social. Por lo tanto, nada tienen que hacer los representantes judiciales para torcer la voluntad política del pueblo. Eso es tergiversar una realidad mediante la manipulación de la voluntad de políticos débiles o de corruptos permanentes, interesados en mantener prebendas o conseguir beneficios ocasionales.
Tampoco es de recibo que se utilice políticamente a representantes de la judicatura, igualmente débiles o interesados, para que dejen una vía libre recubierta de legalidad a una acción inaceptable e ilegal, burlando la jurisprudencia y la ya citada voluntad mayoritaria de un pueblo.
La vía de la Acusación Constitucional está siendo tergiversada por políticos añejos que quieren cambiar el rumbo de los acontecimientos, al margen de los derroteros fijados por la Democracia. La Acusación Constitucional es un recurso extremo que debe utilizarse solamente cuando desde la fiscalización política se adviertan acciones censurables en la gobernabilidad de la Nación. Por ello, dicha fiscalización -que deben realizar los propios políticos-, ha de ser responsablemente ejercida con la mirada ética y moral que se presupone a representantes de las mayorías populares.
Por lo consiguiente, deben ser sancionados tanto los políticos que pretenden manipular y los representantes de la judicatura que actúan a sabiendas de que están burlando el sentido de las leyes.
Este breve comentario que hago, ejerciendo mi libertad de expresión, tiene por objetivo fundamental denunciar a quienes están tratando de torcer la marcha democrática de nuestro país, judicializando la política y politizando la justicia, con intereses mezquinos de unos pocos. Desconocen la voluntad de las grandes mayorías que se apoya en una verdadera Democracia para crecer, para avanzar y para conseguir mejores condiciones de vida.
En este momento, hay quienes ejercen justamente la Acusación Constitucional para sancionar a tres magistrados que han hecho uso y abuso de su condición, con claros indicios de corrupción. Lo hacen para castigar a los que erosionan la Democracia y para protegerla. Se trata, en consecuencia, de impedir que tengan éxito los que buscan tapar sus propios delitos
No hay que confundirse. Debemos defender el Estado de Derecho. No sólo es una cuestión de sentido común, sino también de moral y de ética.
Como decíamos al comienzo, la Democracia tiene cauces para ser defendida y es el pueblo quien puede y debe utilizarlos. El más cercano y contundente es el voto. Debemos y podemos ejercerlo para sancionar con todo rigor a los corruptos.