Por Santiago Escobar, abogado
¿Quién mató a Gaete? En la vieja canción del talentoso Mauricio Redolés, a “Gaete” no lo asesinó nadie sino lo mataron sus excesos. Algo similar a lo ocurrido con Ricardo Guzmán Sanza, hasta hace unos días director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), cuyos excesos administrativos terminaron con su carrera. Finalmente debió dimitir no solo por la compra de una veintena de autos Lexus con un indeterminado “saldo de caja” presupuestario, sino otros actos que incluyen hasta celebraciones millonarias de aniversarios del Poder Judicial en el Club de La Unión de Santiago.
Luego de un enrevesado comunicado público que partió advirtiendo sobre su autonomía presupuestaria, la Corte Suprema en Pleno hace unos días revirtió el escándalo de la compra de los Lexus, e insinuó una investigación en la CAPJ en aras de la transparencia. Si ello fuera efectivo (no existen pruebas de una voluntad de este tipo pese a las anomalías ocurridas durante años en el organismo) la Corte Suprema debería ordenar una auditoría externa sobre al menos dos temas: la eventual manipulación del algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial; y, en segundo lugar, sobre la larga serie de licitaciones y/o tratos directos para la construcción, adecuación o reparación de edificios destinados al funcionamiento de ese poder del Estado en los últimos 10 años.
El legado que el dimitido director de la CAPJ deja es una institución discrecional con bajo control interno y una ineficiente gestión de apoyo a una función jurisdiccional transparente en el país. El era hasta hace pocos días la muralla de credibilidad de la intangibilidad del algoritmo de distribución de causas, cuya investigación solo se sostiene por la insistencia de los querellantes frente a las abiertas omisiones de los más altos tribunales de la República.
Guzmán, figura en su declaración de intereses como Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat, y tiene un historial académico inusual. Es psicólogo de la universidad UNIACC, Profesor de Estado en Física de la Universidad de Chile, Master en Dirección de Empresas – MBA , Universidad de Lleida, España, MBA Pontificia Universidad Católica, Magíster en Administración de Empresas, P. Universidad Católica, Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de Chile, Post- titulado en Estudios Superiores en Administración de Empresas (ESAE). Sin embargo, el título que presentó hasta hace poco como un doctorado, en la DBA, ULSETB de Bruselas, Bélgica, resultó ser falso, ya que esa universidad belga nunca estuvo acreditada. El hecho de que haya sido revalidado por la Universidad de Chile y luego anulado fue objeto de una denuncia al Ministerio Público, aunque la investigación no ha arrojado resultados y permanece archivada por la fiscal a cargo Ximena Chong.
Guzmán, grado 3 en la escala de sueldos del Poder Judicial, declaró en su patrimonio siete propiedades, entre ellas un departamento en Reñaca, una casa en La Reina, dos parcelas, una en Talagante y otra en Til-Til. Entre él y su esposa declaran un portafolio de acciones con títulos en Cencosud, el BCI y Copec y cuatro participaciones en fondos mutuos, uno de ellos por 80 mil dólares en el Banco Santander. Solo estuvo 10 años en la CAPJ.
Las querellas presentadas por “sabotaje informático” al algoritmo de la CAPJ indican que los actos criminosos que se investigan han afectado profundamente la viabilidad del proyecto inmobiliario Curauma liderado por el empresario Manuel Cruzat. Este ha entregado pruebas de que la eventual manipulación del algoritmo para radicar en un tribunal determinado la causa de insolvencia que lo afectó, primero paralizó el proyecto, luego permitió anomalías de procedimiento por decisiones arbitrarias de los administradores designados por el tribunal. Todo con graves consecuencias para sus intereses como propietario y gestor del proyecto, con pérdidas patrimoniales enormes para muchos pequeños y medianos inversionistas, y prácticamente inconmesurables para él, al impedírsele actuar en defensa de sus derechos propietarios. A lo cual, se debe sumar el daño indirecto al territorio mismo y su desarrollo económico y social, lo que ha quedado muy en evidencia en los recientes incendios en la V Región de Valparaíso.
El otro caso, mismo tribunal, misma materia y mismos estudios de abogados litigantes, esta vez como defensores, es la causa por insolvencia de Latam -que también se ve en Estados Unidos- donde el Tribunal seleccionado nuevamente ahora invirtió de manera inexplicable los criterios usados en el primer caso, aquí para favorecer al fallido y en perjuicio de muchos acreedores que son los que hoy reclaman. Según los querellantes es plausible entonces que se haya manipulado el algoritmo y transgredido el principio esencial de igualdad ante la ley.
Las nuevas tecnologías del actual ciclo digital han acrecentado el impacto de ciertas prácticas corruptas. Basta solo mirar como la creación de una red electrónica internacional a través de la cual hoy opera el sistema financiero presenta innumerables interrogantes sobre cómo y qué regular para controlar y evitar los posibles fraudes informáticos. Y en ello, no se trata sólo de economía, sino también derechos civiles y libertades políticas lo que se debe garantizar.
De tal manera que la Corte Suprema no puede sostener una deuda de omisión con la fe pública. Debiera, por principios, impulsar una auditoría independiente sobre el algoritmo como de los procedimientos judiciales que en los casos señalados se produjeron, lo que ayudaría a restablecer la equidad legal, la confianza pública y a afianzar su rol transparente de tribunal Superior de Justicia.