Una demanda por devolución de dineros descontados sin fundamento legal y el cobro de daños y perjuicios ascendente a una cantidad cercana a los 360 millones de pesos tiene enfrentados hoy al Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), el demandado, con el Sindicato 1 de ese organismo. La demanda, según señala su presidente, Pablo Vargas, solo busca el cumplimiento estricto de los acuerdos laborales contenidos en el Contrato Colectivo, y “no hace otra cosa que recurrir a la ley para defender los derechos de los trabajadores.”
Niega también que ella sea una reacción en contra de otra demanda previa hecha por el conservador de Hipotecas Carlos Miranda para que la justicia laboral declare nulo el Convenio Colectivo vigente. “No es una retaliación frente a esa injusta demanda anti laboral, sino una defensa legítima de los ingresos de los trabajadores. Estos no tienen por qué pagar con su dinero gastos que directamente son de cargo del empleador, tal como están establecidos en el convenio colectivo y que los conservadores no han respetado”, dice. Y agrega que “si el conservador Carlos Miranda considera que el convenio le impide ejercer sus facultades de empresario, como señala en su demanda, lo mejor sería transparentar ante la opinión pública lo que un conservador gana por mes versus lo que gana en promedio un funcionario en el mismo tiempo. Para que quede claro dónde está la equidad y dónde la arbitrariedad”.
La sorprendente situación tiene en su origen tanto en una demanda inconsulta a sus pares hecha por el recién nombrado Carlos Miranda (son tres los conservadores que sirven el oficio) para anular el Convenio Colectivo vigente que establece que los conservadores solo tienen un número limitado de cargos que pueden remover a discreción, sobre todo en el nivel de dirección, pues el sistema de remuneraciones establecido se los impide. El mecanismo y el calculo remuneracional fue creado para no afectar ni el clima laboral ni la eficiencia del oficio, y no provocar políticas discriminatorias y arbitrarias entre el personal. Tal Convenio, vigente por casi doce años y cuatro convenios colectivos aprobados fue aplicado hasta ahora sin inconvenientes, y contempla un mecanismo de consulta que funciona cuando existen discrepancias. La mayoría de las cuales versa sobre remoción de trabajadores y pagos de indemnizaciones y que hasta ahora habia funcionado bien. Ello, hasta el arribo de Carlos Miranda quien de manera inconsulta y haciendo uso arbitrario de un poder otorgado para otros fines a un abogado, demandó la nulidad del Convenio Colectivo, pese a la oposición expresa y por escrito ante los tribunales de Luis Maldonado, Conservador de Propiedades y Comercio. Miranda logró en lo que va del juicio que el conservador, Saquel Zaror, quien no firmó la presentación de la demanda, la ratificara luego, con lo cual estableció de facto un sistema de mayoría en el manejo del CBRS que ha enturbiado las relaciones internas de ese organismo.
Pablo Vargas aclara que el problema de incumplimiento del Convenio se viene repitiendo desde hace meses, despues de la pandemia y el establecimiento de trabajo remoto, y que el Sindicato que preside hace tiempo estaba realizando consultas con sus bases sobre el camino a tomar, pues están obligados por ley a hacerlo, tanto por el Código de Trabajo como el Convenio Colectivo.
“A diferencia de los conservadores, dice, que son funcionarios públicos designados por el gobierno, pero actuan a título personal y sin mayor control en estas materias”. Señala que es posible que el desacuerdo interno entre los conservadores y la aparicion de un “nuevo criterio patronal” aplicado para demandar la nulidad de Convenio Colectivo se explique por la posibilidad cierta que el CBRS se divida en dos o más oficios, de acuerdo a una ley de reforma del sistema registral, que se tramita actualmente. Ello, dice “ha instalado de facto una mala discusión sobre el destino de este servicio estratégico para la ciudadanía y al que muchos consideran una especie de botín político por la forma en que se nombra a sus encargados”. “Lo malo, concluye, es que todo se hace sin el menor respeto o consideración de los derechos de los trabajadores, que están en la incertidumbre total y en medio de actitudes agresivas frente a sus derechos laborales, con omisión total por parte de los gobiernos.”